La Comisión Europea planteó el pasado mayo un paquete legislativo denominado ‘Omnibus IV’ para simplificar la legislación comunitaria respecto a las empresas con el fin de que estas puedan ahorrar 400 millones de euros anuales en costes administrativos. Esa propuesta afecta a ocho normas, entre ellas el Reglamento sobre pilas y baterías.

El Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper), formada por los embajadores de los países miembro de la Europa comunitaria, acordó este jueves la posición del Consejo de la Unión Europea sobre ese reglamento para impulsar la competitividad del sector de las baterías en la UE.

La Presidencia de la UE iniciará ahora negociaciones con el Parlamento Europeo para llegar a un acuerdo sobre esta propuesta lo antes posible.

El objetivo principal del Consejo de la Unión Europea es posponer dos años la fecha de aplicación de las obligaciones de diligencia debida pertinentes para que los operadores económicos que comercializan baterías en el mercado de la UE tengan más tiempo para prepararse.

"La simplificación siempre ha sido una de nuestras principales prioridades durante la presidencia polaca. El acuerdo de hoy es un primer paso para ayudar a la industria de baterías de la UE a prepararse mejor para los desafíos de las obligaciones de diligencia debida en materia de baterías y, así, a ser más competitiva a nivel mundial", según Adam Szlapka, ministro de la Unión Europea de Polonia, país que ostenta la Presidencia comunitaria en el primer semestre de este año.

IMPACTOS AMBIENTALES

Como parte del reglamento de baterías de la UE, adoptado en 2023, los fabricantes de baterías están obligados a informar públicamente sobre sus prácticas de diligencia debida para prevenir o reducir los impactos adversos de las baterías en el medio ambiente, incluida la gestión de sus residuos.

La propuesta de la Comisión Europea otorga un tiempo adicional a los fabricantes y exportadores de baterías para cumplir con estas nuevas normas de diligencia debida ambiental, al ampliar el plazo del 18 de agosto de 2025 al 18 de agosto de 2027.

El aplazamiento también ofrecerá más tiempo para la creación de organismos de verificación externos, ya que se han identificado varios problemas en su proceso de autorización por la ausencia de un estándar de acreditación definido.

Además, el Ejecutivo comunitario tiene previsto publicar las directrices de diligencia debida un año antes de la entrada en vigor de las obligaciones para ofrecer orientación oportuna a las empresas y facilitar la aplicación de las nuevas normas.

Igualmente, la Comisión propuso aligerar la carga administrativa de las normas de diligencia debida exigiendo a las empresas que publiquen informes sobre su cumplimiento cada tres años, en lugar de anualmente.

Los Veintisiete coincidieron este jueves en las líneas principales de la propuesta lanzada por la Comisión Europea para proporcionar a la industria de baterías de la UE la seguridad jurídica necesaria en relación con sus obligaciones de información y diligencia debida.