El Ministerio del Interior informó que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) resolvió en 2025 un total de 160.951 expedientes de protección internacional. Esta cifra supuso un incremento del 67,2% respecto al año anterior y fue la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.

El año pasado se formalizaron 144.396 solicitudes de protección internacional, según los datos provisionales cerrados a 31 de diciembre. España se situó así como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea, por detrás de Alemania y Francia.

Por nacionalidades, el país de procedencia con más solicitudes presentadas fue Venezuela, con 85.413 peticiones, un 59,2% del total, lo que supuso 20 puntos más que en 2024. En segundo lugar se situó Mali, con 16.004 solicitudes formalizadas.

Venezuela y Mali fueron los únicos países de los 20 primeros cuya cifra de solicitantes aumentó respecto a 2024. Les siguieron, por número de peticiones, Colombia (14.524), Perú (3.511) y Senegal (3.333).

Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid encabezó la lista de comunidades autónomas con más solicitudes (43.585), por delante de Andalucía (20.013) y Cataluña (17.206).

ESTATUTO DE REFUGIADO

El pasado año se concedieron 7.838 estatutos de refugiado, un 23,3% más que en 2024. Las cinco primeras nacionalidades de las personas reconocidas con la condición de refugiado fueron Nicaragua, Colombia, Afganistán, Honduras y El Salvador. Se tramitó también la protección subsidiaria para 10.103 ciudadanos.

Además, 57.334 personas, venezolanas en su mayoría, recibieron autorización de residencia por razones humanitarias.

De acuerdo con los datos, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se situó en un 11,2%, y la tasa de protección internacional alcanzó el 46,8%.

PROTECCIÓN TEMPORAL

Por otra parte, en 2025 se presentaron más de 3.000 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se resolvieron 2.242 expedientes, lo que supuso un aumento de más del 146% frente a 2024.

La apatridia es un procedimiento dirigido a identificar entre los solicitantes a las personas que no sean consideradas como nacionales por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifiesten carecer de nacionalidad, según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954.

Durante el pasado año, la Dirección General de Protección Internacional otorgó también el régimen de protección temporal a 30.625 personas, lo que elevó a más de 262.000 el número de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania que han sido amparados por esta figura en España.