Manzanares señaló que la concesión de estos beneficios penitenciarios debe corresponder a los jueces, y no a la Administración, y añadió que los magistrados deben otorgarlos no sólo por el arrepentimiento mostrado por los condenados (como ocurrió en el caso de Amedo), sino también por "la gravedad de la pena".

"A mí me parece", remachó Manzanares, "que cuando un señor está condenado a más de cien años (Amedo fue condenado a 108 años de prisión, que esté a los cinco o los seis años fuera de la prisión no es de recibo".

En su opinión, la concesión del tercer grado penitenciario a personas sobre "las que planean las sombras del GAL o de los fondos reservados" no es buena "ni siquiera, creo yo, para el Poder Ejecutivo; es preferible que sean los jueces los que asuman sus responsabilidades".

El vicepresidente del Poder Judicial recalcó que el Gobierno y los partidos políticos "no pueden hacer ofertas de reinserción más o menos generosas",través de la ejecución de las penas, "que no es cosa suya, sino que es cosa de los jueces".

Manzanares dijo que el Pacto de Ajuria Enea le parece un instrumento válido para luchar contra los terroristas y su entorno, pero advirtió que "los jueces no aplicamos el Pacto de Ajuria Enea, los jueces aplicamos la ley".

El "número dos" del Poder Judicial se mostró contrario a las intromisiones políticas a la hora de decidir las reinserciones y dijo que lo que la ley establece es que debe estudiarse "cao por caso, con Pactos de Ajuria Enea y sin Pactos de Ajuria Enea, se estudie la personalidad y la intención de cada interno en relación con la vida futura y eso es lo que tiene que hacer que se pase de un grado a otro, o que se permanezca en el grado inicial".

En la defensa de sus argumentos, Manzanares apeló a un refrán alemán, según el cual "no se puede hacer la cuenta sin contar con el cocinero, y por tanto no se pueden hacer ofertas de reinserción penitenciaria sin contar con los jueces, y con lo jueces no se puede contar, con los jueces cuenta la ley, la ley es la que tiene a los jueces a su servicio".

INDEMNIZACIONES

Por otra parte, Manzanares calificó de "elemental" que los terroristas que hayan causado daños a las personas tengan que indemnizar, porque es algo "que está en la ley".

"Lo que a mí me resulta verdaderamente increible es que alguna personalidad política haya llegado a cuestionar también que haya una actividad para que las víctimas del terrorismo cobren las indemnizacions que les corresponden", señaló, en clara referncia a unas declaraciones del portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasgasti, quien manifestó que es una iniciativa que se produce a destiempo.

A su juicio, decir eso "es algo así como pensar que las víctimas del terrorismo, con su propio patrimonio, tienen que contribuir a que los asesinos rehagan sus vidas. Me parece que es ir un poco lejos".

Agregó que es absurdo querer transformar a los terroristas "en unos delincuentes de primera categoría" y ecordó que, con la ley en la mano, también tienen que pagar indemnizaciones a sus víctimas los indultados y los presos en libertad condicional.