Illueca estableció esta distinción en una entrevista en Servimedia en la que puntualizó: “Ahí hay que diferenciar dos cosas que yo creo que necesariamente son distintas: una es la de las personas de nacionalidad extranjera que quieren tener aquí su segunda residencia, y que evidentemente no suponen causa alguna de tensionamiento, al menos en la Comunidad Valenciana, de los precios, y otra cosa muy distinta son las plazas de alojamientos turísticos, que, sobre todo en la zona litoral y en las grandes ciudades, sí que constituye una causa importante de encarecimiento de los alquileres”.

A su modo de ver, la proliferación de pisos turísticos sí es “alqo sobre lo que hay que actuar”, y en su opinión esto lo comparte la mayor parte de la tente. “Creo que limitar las plazas de alojamientos turísticos es algo que la sociedad entiende, que se percibe como una circunstancia sobre la que hay que actuar, y nosotros estamos dispuestos a llevarlo a cabo”, sentenció. En concreto, se remitió a la propuesta de Podemos estatal de limitar el número de plazas de pisos turísticos en una zona de mercado inmobiliario tensionado al 2% del total de residentes en ella.

El vicepresidente valenciano es consciente de que “la Ley de Vivienda deja la pelota en el tejado de las comunidades autónomas”, que son las encargadas de aplicarla, y en este sentido planteó una sencilla dicotomía: “Sólo hay dos formas de gobierno: la que protege al dinero del pueblo, la que protege a los fondos de inversión, a los fondos buitres, a las entidades financieras, y la que protege al pueblo del dinero”.

Sentado este eje, situó a las comunidades del PP, comenzando por Madrid, en la primera opción, y al Gobierno del Botànic en el segundo; de hecho, esgrimió las 1.300 viviendas que ha adquirido para ceder en alquiler social y las 600 cuya compra está negociando con la Sareb y tener en la región un “informe de áreas de necesidad de vivienda” y un sistema de “intermediación y fomento” del alquiler como la inmobiliaria pública que ahora propone su compañera de partido Alejandra Jacinto, candidata de UP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

EL LÍMITE AL ALQUILER Y SUMAR

En caso de repetirse el Gobierno del Botànic tras las elecciones del día 28, él garantizó en primera persona del plural: “La vamos a llevar hasta las últimas consecuencias y vamos a activar todos los mecanismos para poner en marcha, la declaración de zonas tensionadas y poder regular y limitar el precio de los alquileres”.

En este sentido, en la entrevista se le preguntó por uno de los planteamientos que recoge el documento de ‘Vivienda digna’ del programa preliminar de la plataforma Sumar, que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. En concreto, el texto recomienda regular el precio del alquiler sólo “excepcionalmente en el espacio y en el tiempo” y desaconseja las ayudas al alquiler por ser un trasvase directo de recursos públicos a los propietarios privados y, a su entender, sin solucionar el problema.

Illueca, que fue director de la Inspección de Trabajo con Díaz de ministra en 2020 y 2021 hasta asumir la Vicepresidencia, precisó ante la “excepcionalidad” recomendada por los expertos de Sumar que “la regulación de alquileres tiene que hacerse en las zonas tensionadas mientras sea necesario para proteger intereses” como los de los jóvenes y debe prolongarse “mientras sea necesario y donde sea necesario”, y “de forma precisa”.

Respecto a las ayudas al alquiler, él recordó que construir un parque público suficiente puede llevar “dos o incluso más legislaturas”, por lo que apuntó que “la cuestión es qué hacemos mientras tanto”, y en ese sentido defendió medidas como el bono alquiler, que desaconseja específicamente el documento de Sumar, y cuya dotación recientemente aumentó su Consejería en 30 millones.

Finalmente, respecto al tema de la vivienda, aseguró que a él le no le “parece en absoluto incompatible” adoptar medidas para favorecer el acceso a la misma y perseguir las okupaciones ilegales. Según aclaró, lo que Podemos defiende es que “hay un problema social muy serio con el acceso a la vivienda y que eso requiere políticas de vivienda”. Pero, respecto a los okupas, admitió: “Lo demás, evidentemente, no negamos que sea un problema y que tenga que tratarse, por supuesto, y que tenga que adaptarse a las medidas que sean necesarias. A mí no me parece en absoluto incompatible, nunca me lo ha parecido”.