Esa iniciativa, presentada por los socialistas en noviembre de 2024, tuvo un resultado ajustado, pero no salió adelante por el voto en contra del PP, Vox, Esquerra y UPN.

La propuesta planteaba que la tasa máxima de alcohol permitida para todos los conductores de vehículos baje a 0,2 gramos por litro de sangre (frente a los actuales 0,5 gramos) o 0,1 miligramos por litro en aire espirado (ahora es de 0,25).

“Nos sentimos defraudados y nos sentimos profundamente apenados”, comentó David Pérez de Landazábal, vicepresidente de Stop Accidentes, antes de añadir: “No vengo en nombre de ninguna ideología, ni en representación de ningún partido político, sino de miles de familias, más de 70.000 en los últimos 25 años”.

Pérez de Landazábal aseguró que las víctimas de tráfico no entienden que algunos diputados “condicionen su voto a unas estrategias que nada tienen que ver con la seguridad vial o que cambien de criterio en cuestión de meses sin una explicación clara o que hablen de afán recaudatorio en una medida que es exclusivamente preventiva o que se escuden en defectos de forma después de 18 meses sin haber buscado una solución”.

“Eso a las víctimas nos duele. Porque da la sensación de que se está negociando con la vida y con la vida no se puede negociar”, apuntó, antes de sentenciar: “No es una medida recaudatoria, es preventiva. El alcohol afecta a la capacidad de reacción, a la percepción y a la toma de decisiones”.

En este sentido, indicó que la propuesta era “tan simple como contundente: si se bebe, no se conduce”. “No estamos hablando de prohibir el alcohol ni de una ley seca, tampoco estamos diciendo a nadie cómo tiene que vivir. Estamos diciendo algo mucho más básico: que no se ponga en peligro la vida de otras personas”, apostilló.

Pérez de Landazábal aclaró que las víctimas de tráfico no están “en contra de nadie, ni de la hostelería ni del vino ni de ningún sector económico”, pero sí “a favor de la vida”. “Ninguna presión puede estar por encima de eso”, añadió.

“Cada vez que se retrasa una decisión como esta estamos asumiendo que habrá víctimas mortales evitables. Por lo tanto, no es una opinión, es una consecuencia”, indicó, antes de recalcar que “fue una decisión política con consecuencias biológicas”. “Ese 'no' se sirve en copas que otros pagamos con sangre”, comentó.

“ESCALOFRIANTE”

Por su parte, la presidenta de Aesleme (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular), Mar Cogollos, expresó su “tristeza y decepción” por el rechazo a la bajada de la tasa de alcohol al volante, cuando es un factor de riesgo que está presente en uno de cada tres conductores fallecidos a los que se le hace la autopsia.

“Actualmente, 45.000 personas están en prisión por delitos contra la seguridad vial por alcoholemia positiva. Es la causa principal de los presos que hay en España. ¿No le parece una cifra escalofriante?”, preguntó a los diputados.

Cogollos señaló que la medida rechazada “no es de izquierdas o de derechas” y que, “lamentablemente, los siniestros viales afectan a cualquier clase social, a hombres y a mujeres, a niños y a mayores o a los votantes de uno u otro partido”.

“El objetivo era salvar vidas. No se debatía sobre beber o no beber. Cada uno puede beber lo que le dé la gana, aunque no sea bueno para la salud. El debate era que, si beben, cojan otro medio de transporte y no cojan su vehículo”, dijo.

Por otro lado, la directora de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico -P(A)T-, Yolanda Domènech, mostró su “malestar” con razones similares a las de Pérez de Landazábal y Cogollos.

“Nos duele y nos sorprende porque la seguridad vial no va de ideologías. Va de vidas que se pierden cada día, día a día y año tras año. Y esperamos de ustedes que trabajen coordinadamente para para el bien común, aunque sea por puro egoísmo porque todos podemos estar implicados en un siniestro de tráfico, tanto ustedes como algún familiar. No estamos nadie exentos”, comentó.

“NO TODO VALE”

Después, tomaron la palabra algunos diputados que justificaron la semana pasada el voto en contra de la proposición de ley para reducir la tasa genérica de alcohol en la conducción.

Bella Verano, del PP, criticó que la medida se presentara con “improvisación” y “ligereza”. “En esta Cámara no todo vale. No podemos aceptar que se impulse iniciativa sin los informes necesarios, sin el análisis adecuado y sin las garantías que una materia como esta exige”, indicó, antes de retar al Gobierno a presentar la iniciativa como proyecto de ley.

Francisco José Alcaraz, de Vox, acusó al PSOE del rechazo de la iniciativa y animó a que se presente mediante real decreto a través del Ejecutivo. “Igual que hicieron con la baliza V-16”, añadió.

Inés Granollers, de Esquerra, defendió que “la mejor tasa era la 0,0” y que la iniciativa, de aprobarse, habría generado “falsas expectativas”. “Es mucho mejor que la vuelvan a traer bien que no votar una mala propuesta porque una mala propuesta no soluciona nada”, argumentó.

Por último, Manuel Arribas, del PSOE, comentó que el PP mantuvo su voto “en secreto” hasta “el último momento”. “No sabían qué hacer porque el corazón les pedía una cosa, pero la ideología les pedía otra completamente diferente”, subrayó, antes de afirmar que los diputados populares “cedieron ante las presiones” de entidades de “cerveceros” y “bodegueros”.

“Vamos a volver a traer esta ley y vamos a luchar para que salga adelante porque son de esas decisiones que marcan una legislatura”, concluyó.