Así consta en el extracto de la Orden de 13 de abril de 2023, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, durante el ejercicio 2023, para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con estas cuestiones y que fue publicada en el BOE.

Según el departamento de Alberto Garzón, las líneas de investigación y prevención a financiar en el marco de esta convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, se articularán en torno a la detección temprana de participantes con un comportamiento de juego “de riesgo o de mayor gravedad” y el daño individual, familiar o social “asociado” a las actividades de juego en relación a salud personal, impacto emocional o psicológico, dificultades financieras, afectación laboral o de formación académica, dificultades en las relaciones sociales y problemas legales.

En paralelo, también podrán ser financiadas investigaciones sobre mecanismos, instrumentos o procesos de “minimización” de las “consecuencias negativas asociadas a las actividades de juego”; relaciones entre el sector de los videojuegos y el de las actividades de juego; características estructurales de las loterías, los juegos de azar, el póquer y/o las apuestas e impacto de género en los comportamientos de “juego de riesgo o de mayor gravedad”.

La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es de 1.680.000 de euros y la fecha de inicio del proyecto “en ningún caso” podrá ser anterior al 1 de enero de 2023 y sólo podrá extenderse, “como máximo”, hasta el 30 de junio de 2024.

BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, siempre que su residencia fiscal se encuentre en España o dispongan de un establecimiento “permanente” en territorio español, centros públicos de investigación, entendiendo como tales las universidades públicas, sus institutos universitarios y centros adscritos; las entidades o instituciones sanitarias públicas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud y otros centros públicos de I+D+I, con personalidad jurídica propia, que tengan definida en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social a la I+D+i como actividad principal.

Junto a ellos, también podrán concurrir a la convocatoria centros privados de investigación, entendiendo por estos las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i que estén inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, así como centros privados de I+D+i con personalidad jurídica propia que tengan definida en sus estatutos, en la normativa que los regule o en su objeto social a la I+D+i como actividad principal e instituciones sanitarias privadas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividades de I+D+i.

Además, también podrán solicitar subvenciones entidades sin fines de lucro cualquiera que sea su naturaleza jurídica, siempre que, de forma acumulativa, tengan entre sus objetivos la realización de actividades de investigación o la “amplia” difusión de los resultados obtenidos en esta clase de actividades, colaboren con los centros de investigación, públicos o privados, mediante una colaboración “formalizada” y no formen parte de sus órganos de gobierno operadores que organicen, celebren o exploten las actividades de juego definidas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo.

El plazo de presentación de solicitudes concluye el viernes y estas deberán presentarse a través de la Sede Electrónica de la Dirección General de Ordenación del Juego.