En esta pieza de la macrocausa se investigan las supuestas presiones que se hicieron al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su abogado de entonces, Javier Gómez de Liaño, para que no filtraran información sobre la trama 'Gürtel' y la ‘caja B’ del partido.

La Sala de lo Penal obligó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a reabrir esta pieza y a citar a Cospedal, tras haberla cerrado. En su declaración de este lunes, Villarejo reconoció como propias las anotaciones hechas en sus agendas en las que habla de Gómez de Liaño.

Aseguró al juez que daba cuenta “de todo” a la cúpula de Interior, en concreto al Secretario de Estado Francisco Martínez, al que presentó como su interlocutor principal en el Ministerio, ya que apenas tuvo encuentros con el ministro de ese momento, Jorge Fernández Díaz.

Durante su declaración, el excomisario aseguró que se reunió “muchas” veces con Cospedal, aunque no aclaró los motivos por los cuales reportaba con ella, ya que no tenía ningún cargo en el Gobierno. En otra pieza del ‘caso Kitchen’ ya aparecieron anotaciones y grabaciones en las que Villarejo y la secretaria general del PP hablaban del peligro que suponía para el partido la documentación sobre la financiación irregular que podía estar en manos de Bárcenas y en sobre la necesidad de eliminarla. Pese a ello, el juez consideró que no había indicios suficientes para imputarla. Sin embargo, el juez García-Castellón se ha visto obligado a volverla a citar como testigo mañana martes.

En esta pieza se trata de esclarecer si hubo una operación concertada para atribuir a Gómez de Liaño el cobro en negro de 5,5 millones de euros del jefe de la mafia rusa Zakhtar Kalashov. El abogado siempre ha sostenido que el pago no existió. Sin embargo, Villarejo aseguró al juez que supo de ese pago y que se topó con ese hecho porque investigaba para el CNI al mafioso como un posible peligro para las instituciones españolas.