Otro de los datos más relevantes del informe es que las mujeres absorben entre el 44% y el 50% del coste de esa violencia en países como Paraguay y Ecuador, lo que repercute negativamente en sus hogares.

Esta circunstancia se materializa en gastos de salud y justicia, pérdida de ingresos personales, descapitalización de microempresas y, de forma menos visible pero igualmente documentada, en la pérdida de días de clase de hijas e hijos.

El informe señala que las pérdidas de productividad no provienen principalmente de las ausencias laborales, sino del menor rendimiento de las trabajadoras que acuden a su puesto mientras enfrentan situaciones de violencia. Este factor, el presentismo, puede representar hasta el 73% del costo laboral total para las empresas.

A ello se suman los costos de rotación de personal y el tiempo que otras personas del entorno laboral destinan a asistir a colegas en situación de violencia, una variable que ningún estudio ha cuantificado de forma sistemática hasta la fecha. La estimación empresarial es, por tanto, menor a la realidad.

El Estado solo asume entre el 11% y el 13% del coste total que supone la violencia contra las mujeres y destina ese gasto casi íntegramente a la respuesta reactiva. Según el estudio, pese a tener mayor capacidad para actuar en prevención, asume la menor proporción del coste en los países con datos disponibles. Su gasto se concentra en servicios de salud, justicia y seguridad para atender la violencia una vez ocurrida.

Los documentos analizados son contundentes al asegurar que "la prevención costaría menos". El documento también señala que invertir en prevención no sólo protege derechos y salva vidas, sino que también reduce costos futuros para los sistemas públicos y las economías nacionales.

El informe también saca a relucir que sólo el 5% de los casos llega a traducirse en una denuncia en Ecuador, mientras que en México esa cifra apenas asciende al 13,6%.

"Medir es visibilizar y dotarnos de herramientas para impulsar políticas públicas eficaces. Invertir en igualdad no solo es una cuestión de justicia social, sino una apuesta estratégica que genera beneficios sociales y también económicos”, señaló la presidenta de la IIPEVCM, Carmen Martínez, durante la presentación del informe.

Por su parte, la secretaria de Cooperación de la Segib, Lorena Larios, apuntó que la publicación de estas cifras sirve para "decirles a los gobiernos que invertir en prevención es hacerlo en bienestar y en derechos humanos”.

La publicación concluye con una serie de recomendaciones orientadas a gobiernos, organismos internacionales y equipos técnicos para mejorar la calidad, comparabilidad y utilidad política de los estudios de costeo en la región. Entre ellas, destaca la necesidad de fortalecer los sistemas estadísticos, incorporar el impacto del trabajo de cuidados no remunerado, mejorar la interoperabilidad de los registros administrativos y vincular de forma más directa las estimaciones económicas con la planificación presupuestaria y las políticas de prevención.

Financiado por la Aecid, el estudio analiza 17 investigaciones producidas entre 2004 y 2025 en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. A partir de esos datos, muestra que la violencia contra las mujeres no solo constituye "una grave vulneración de derechos humanos, sino también un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social".