El fiscal reconoció ayer en suinforme que no ha podido probar el delito de cohecho sin la ayuda de las escuchas telefónicas que el tribunal declaró ilegales, aunque mantiene la petición de dos años de cárcel para cada acusado, ante la eventualidad de que el Tribunal Supremo las acepte como prueba.

Según el fiscal, el francés Jacques Lacroix sobornó a Blasco y a los otros acusados para que favorecieran, cada uno desde su cargo, a la empresa l'Occidentale de Centres Commerciaux (OCC) en la subasta de unos terrenos públicos.

109 MILONES DE MULTA

Aparte del delito de cohecho, el fiscal pide 109 millones de pesetas de multa para cada uno de los acusados y penas de inhabilitación de entre 8 y 16 años por los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas e intervención en empresas privadas con ánimo de lucro (tráfico de influencias).

Para el representante del ministerio público, las declaraciones de los testigos y las pruebas indirectas son fundamentales en este caso, una vez anuladas las escuchas telefónicas.

En su opinión, el empresario Lacroix fue el instigador de toda la trama y Blasco, desde su cargo, dio instrucciones para que se favoreciera a la empresa OCC en la subasta de los terrenos.

Esta empresa francesa, que ha construido 17 hipermercados de Pryca en España, pretendía instalar un gran centro comercial en estos terrenos de Paterna, los únicos próximos a Valencia en los que era posible ubicar un establecimeinto de estas características, según manifestaron los testigos.

Por su parte, las defnsas han negado la existencia del delito de cohecho "con cintas o sin cintas", y respecto a los delitos de maquinaciones y tráfico de influencias sostienen que requieren un presupuesto básico: que se celebre la subasta. Como en este caso se paralizó la subasta cuando estalló el escándalo, según las defensas no llegó a cometerese el delito.

Uno de los defenseros, Carlos Verdú, manifestó hoy en su informe que el planteamiento del fiscal es de ciencia ficción y "entrados en terreno", dijo, "es más creíbl que hubiera un pacto anterior por el que la Generalitat se comprometió a adjudicar los terrenos a la PSV", la cooperativa de viviendas ligada a UGT que también optó al concurso de los terrenos asociada con Mercasa.

A lo largo del juicio las defensas han pretendido demostrar que el Instituto Valenciano de la Vivienda, titular de los terrenos, estaba dividido entre los partidarios de OCC, encabezados por Blasco y los otros acusados, y los defensores de la oferta conjunta de Mercasa Y PSV.

Pese a qe el precio de los terrenos fue calificado de "chollo" por el director de PSV, Carlos Sotos, ninguna otra empresa optó al concurso de los terrenos, hecho que fue valorado por el propio Sotos como "un misterio de la naturaleza".