"Se ha dado una solución estructural para evitar situaciones similares en el futuro. El derecho, siempre por encima de todo", indicó el Ministerio, que recordó que, tras la inflación derivada de la guerra en Ucrania, el Gobierno impulsó diversas medidas para la protección de los inquilinos y la contención de rentas. "Se determinó un tope para actualizar las rentas del alquiler, lo que provocó que los inquilinos llegaran a ahorrarse más de un 8% en sus rentas respecto a lo que hubieran pagado", señaló.

Ante esta medida, diversos propietarios y empresas de arrendamientos reclamaron una indemnización patrimonial al Gobierno, que fue desestimada. Esta desestimación es ahora confirmada por el Tribunal Supremo, que da la razón al Ejecutivo a la hora de aplicar las medidas de contención de las rentas.

"El legislador puede limitar la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda de forma que, en defecto de acuerdo entre las partes, no pueda superar determinados límites razonables y razonados", indica la sentencia del Tribunal Supremo.

Por último, el Ministerio puso en valor el trabajo realizado para "preservar el derecho a la ciudadanía" en un momento de crisis.