En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez explicó que estas ayudas dan cumplimiento a la Ley de Vivienda y defendió que cuando se declara una zona tensionada "no estamos reconociendo algo positivo, sino que estamos reconociendo un problema y, por tanto, la necesidad de abordarlo de manera extraordinaria en sus soluciones".

La ministra señaló que actualmente existen 317 municipios declarados zonas tensionadas, que agrupan a más de nueve millones de personas. La mayoría de ellos se encuentran en Cataluña, aunque también hay municipios afectados en Euskadi, Navarra, Asturias y Galicia.

Según explicó, los fondos se distribuirán atendiendo tanto a la población afectada como al esfuerzo que realizan las familias para pagar el alquiler.

Cataluña recibirá 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados tensionados; País Vasco contará con 31 millones para 18 municipios; Navarra recibirá 13,3 millones para 21 localidades; Galicia obtendrá 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias dispondrá de 5,9 millones para cinco municipios.

VIVIENDA Y SUELO

La ministra explicó que las subvenciones aprobadas este martes están orientadas a financiar "planes estratégicos" de las comunidades autónomas para incrementar la oferta de vivienda asequible.

La principal línea de actuación será la promoción y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social o asequible, aunque también podrán financiarse otras soluciones habitacionales.

Además, las administraciones podrán destinar los fondos a la adquisición de suelo residencial para construir vivienda protegida, una actuación que Rodríguez consideró necesaria ante la demanda existente de nuevas promociones públicas.

El programa permitirá igualmente financiar actuaciones de urbanización de suelo, que la ministra definió como "la materia prima sobre la que construir vivienda protegida".

Otra de las líneas previstas será la compra de viviendas ya construidas para incorporarlas al parque público. Según explicó, se trata de "poner rápido en alquiler asequible" inmuebles que actualmente se encuentran en el mercado libre.

Por último, el acuerdo permitirá destinar parte de los recursos a sistemas de cobertura frente al impago de alquileres, una medida incorporada a petición de las propias comunidades autónomas.

45 MILLONES PARA RESIDENCIAS

Tal y como adelantó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y anunció este martes Rodríguez, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias que permitirán la creación de 2.000 nuevas plazas para estudiantes.

Rodríguez explicó que el objetivo es "acompañar a las universidades públicas" y facilitar el acceso a la educación superior ante las dificultades que encuentran muchos jóvenes para asumir los costes de alojamiento en las ciudades universitarias.

La ministra aseguró que su departamento ha detectado en los últimos años que numerosos estudiantes se han visto obligados a renunciar a cursar estudios en universidades donde habían obtenido plaza porque "el precio de la vivienda impedía a esas familias que sus hijos pudieran cursar allí sus estudios universitarios".

Según indicó, los 45 millones permitirán financiar proyectos ya maduros presentados por universidades públicas y otras administraciones tras un proceso de manifestación de interés desarrollado por el ministerio durante los últimos años.

Las ayudas se repartirán entre la Universidad Autónoma de Madrid (13,3 millones de euros), la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete (8,1 millones), la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,9 millones), la Universitat Jaume I de Castelló (4,5 millones), la Universidad de Jaén (3,5 millones) y el Ayuntamiento de Lleida (2,9 millones).

Rodríguez subrayó que la iniciativa pretende servir de ejemplo a otras administraciones competentes y alertó de los problemas de financiación que afrontan las universidades públicas. A su juicio, el programa busca contribuir no solo a la excelencia del sistema universitario, sino también a garantizar "el acceso a la igualdad de todos los españoles a la universidad".

La ministra agradeció además la colaboración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en la selección y ordenación de los proyectos y aseguró que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la movilidad y la igualdad de oportunidades dentro del sistema universitario español.