En concreto, este importe, que proviene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), va dirigido a la rehabilitación de viviendas, de edificios públicos y de espacios urbanos, así como a la construcción de vivienda asequible y eficiente.

La titular de Vivienda también añadió durante su intervención que “la transferencia de los importes respectivos va a depender de la acreditación que podáis ir haciendo de las distintas convocatorias de ayudas, así como de la suscripción de los acuerdos bilaterales”.

El objeto de esta Conferencia Sectorial fue continuar con la implementación de las distintas inversiones del PRTR en el marco del Componente 2 'Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana' en cooperación con las administraciones autonómicas.

Para Rodríguez, “el acceso a la vivienda es un problema de enorme envergadura que viene de muy atrás y que afecta a todas las generaciones. Es un problema para la mayoría social de este país y no tengo duda alguna de que la solución nos concierne a todos: Gobierno de España, gobiernos autonómicos, entidades locales, agentes sociales, operadores económicos y financieros y al resto de organizaciones e instituciones”, enfatizó la ministra.

Estos 430 millones completan otros 3.500 que ya han sido transferidos a las autonomías. “Estamos hablando de que con la suma de estos millones que hoy aprobamos, estamos ya en el entorno de los 4.000 millones del PRTR para esta finalidad, complementados con otras acciones, como también el Plan de Rehabilitación de Edificios que hemos convenido con los ayuntamientos, dónde hemos dispuesto otros 600 millones de euros”, detalló la titular de vivienda.

“Sin duda, la vivienda es una prioridad para este Gobierno. Venimos de una legislatura, la anterior, en la que se consolidó un hito importante que era el dotarnos de una ley básica que llevaba 45 años dilatándose en el tiempo y que era un mandato constitucional tenerla en marcha. Esa Ley de Vivienda que cambia el paradigma de la antigua Ley del Suelo, que sirvió a la especulación, a una nueva ley que la considera un derecho y que, por tanto, tenemos que trabajar en esa política como un servicio, un bien esencial de las personas para el desarrollo de sus proyectos vitales”, concluyó Rodríguez.