Esta cantidad servirá para la puesta en marcha de nuevas políticas públicas en materia de vivienda a lo largo y ancho del territorio, según destacó en un comunicado.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recordó que este desembolso responde al compromiso del Gobierno de España con las comunidades autónomas y todas las administraciones públicas para dar “una respuesta clara, contundente y coordinada al problema de la vivienda”.

Rodríguez agregó que esta primera anualidad ya permitirá “hacer frente a la crisis impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia”.

El Gobierno transfirió 136,8 millones a Andalucía como parte de esta primera anualidad; 30,4 millones a Aragón; 26,4 millones a Asturias; 19,2 millones a Baleares; 42,2 millones a Canarias; 15,2 millones a Cantabria; 43,2 millones a Castilla y León; 32 millones a Castilla-La Mancha; 116 millones a Cataluña; 91,2 millones a la Comunidad Valenciana; 24 millones a Extremadura; 45,6 millones a Galicia; 127,2 millones a la Comunidad de Madrid; 35,2 millones a la Región de Murcia; 13,6 millones a La Rioja; 800.000 euros a Ceuta y otros 800.000 euros a Melilla.

Para garantizar una gestión transparente y eficiente de estos recursos, el Ministerio también activó el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial por la que se regulan los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

La puesta en marcha de un sistema común de intercambio de información permitirá realizar un seguimiento periódico y con detalle de los avances del nuevo Plan Estatal. Esto se traducirá en la elaboración de informes trimestrales y anuales para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos.

Con esta fórmula se contribuirá a garantizar los aspectos esenciales recogidos en el PEV, como la protección permanente de las viviendas impulsadas con este Plan, sin posibilidad de descalificación, o su adjudicación mediante procedimientos públicos y objetivos.

El PEV 2026-2030, que recibió el aval unánime de las comunidades el pasado mayo en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, triplica los recursos respecto al PEV 2022-2025 y eleva la inversión hasta los 7.000 millones de euros, con un triple eje de acción basado en más construcción, más rehabilitación y más protección.

El objetivo es ampliar el parque público de vivienda asequible y evitar la privatización de viviendas construidas con dinero público, para garantizar el acceso a la población.