Según señaló en sus redes sociales, este acuerdo, “largamente esperado”, permitirá a los estados miembros gestionar juntos el “desafío europeo común” de las migraciones. La propia presidenta retomó las negociaciones para reformar la política migratoria comunitaria en 2020, al principio de su mandato.

En su comunicado, Von der Leyen felicitó al vicepresidente Margaritis Schinas y a la comisaria de Interior, Ylva Johansson, por sus “esfuerzos incansables y su arduo trabajo para lograr este acuerdo”.

“Cada año, cientos de miles de inmigrantes irregulares emprenden peligrosos viajes para llegar a nuestras fronteras” y “a menudo son víctimas de delincuentes, contrabandistas y traficantes que los atraen con falsas promesas de salvoconducto y los extorsionan”, lamentó Von der Leyen.

A su juicio, “los estados miembros en nuestras fronteras exteriores necesitan gestionar la migración ilegal”, con lo que este pacto político garantizará “que haya una respuesta europea eficaz a este desafío común”. “Significa que los europeos decidirán quién viene a la UE y quién puede quedarse, no los contrabandistas. Significa proteger a quienes lo necesitan”, añadió.

En su opinión, este pacto también asegura que “los estados miembros compartan el esfuerzo de manera responsable, mostrando solidaridad con aquellos que protegen nuestras fronteras externas y al mismo tiempo previenen la migración ilegal”.

Agregó que el pacto de migración y asilo dará a la UE y a sus estados miembros las herramientas para reaccionar rápidamente en situaciones de crisis, cuando algún estado miembro se enfrenta a un gran número de llegadas ilegales o cuando “países hostiles intentan deliberadamente desestabilizar a la UE".

REQUISITOS MÁS DUROS

El acuerdo ahora debe ser aprobado formalmente por el pleno de la Eurocámara y por el Consejo Europeo para entrar en vigor. En total, consta de cinco reglamentos diferentes, que tratan de abarcar todos los aspectos posibles de la política migratoria.

El Reglamento de gestión de Asilo y Migración (RAM) es la clave de la reforma, porque implica modificar el acuerdo de Dublín, que hasta ahora asignaba al Estado de primera entrada la responsabilidad de las solicitudes de asilo y de ofrecer las ayudas recogidas en el Estatuto de Refugiado.

A este se suma el reglamento regulador de las situaciones de crisis, el cual permite a un Estado solicitar a la Comisión la activación de una respuesta de emergencia ante una avalancha migratoria inesperada.

Además, el pacto alcanzado hoy comprende la reforma del Reglamento de Eurodac (sistema de comparación de huellas dactilares para ayudar a determinar qué Estado debe estudiar una solicitud de asilo), y del reglamento sobre el control de migrantes en las fronteras exteriores, que impondrá unos requisitos de entrada mucho más estrictos.

ACOGIDA A LA CARTA

El último punto del pacto es la modificación del reglamento de procedimientos comunes y garantías, a fin de mejorar la coordinación entre los socios comunitarios.

Su objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por un valor equivalente. Queda así descartado el sistema de cuotas obligatorias, algo que reclamaron hasta el final España e Italia.