Así, los vicepresidentes de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Aragón, Juan García-Gallardo, Vicente Barrera, José Ángel Antelo, y Alejandro Nolasco, respectivamente, y el consejero Ignacio Higuero, enviaron la citada misiva en la que advierten de que “la Nación está inmersa en una crisis política y social sin precedentes”.

Los cargos institucionales avisan en su escrito de que la ley de amnistía “supedita la Unidad nacional, la convivencia entre españoles, la democracia y el Estado de derecho a intereses espurios puramente partidistas”, y acusan a Sánchez de “anteponer los intereses de una minoría golpista y prófuga de la Justicia al interés general” con el objetivo de permanecer "cuatro años más en el poder".

En el texto, los vicepresidentes subrayan que los pactos alcanzados por Sánchez con sus socios separatistas “no pueden entenderse en el marco de una negociación política al uso”, ya que “explícitamente abren la puerta a un referéndum que amenace la integridad territorial de España”.

También afirman que el pacto incluye una serie de concesiones, “como la ley de amnistía o la condonación de la deuda de Cataluña, que quiebran la igualdad de los españoles y el Estado de derecho”, y que supone un acto de "corrupción mayúscula" porque implica “que un político anula los delitos de otro a cambio de sus votos” para alcanzar el poder.

La carta califica como un “grave atentado a nuestra democracia” este pacto de investidura de Sánchez, aunque también pone de relieve el hecho de que ha encontrado “el rechazo mayoritario de la sociedad española”. En ese sentido, hace alusión a las movilizaciones ciudadanas que están teniendo lugar desde hace días en toda España.

La carta recuerda al presidente del Comité de las Regiones que el ordenamiento jurídico "no reconoce la institución de la amnistía”, porque, entre otras cosas, “deja sin efecto decisiones jurisdiccionales” e “invade frontalmente las competencias de los tribunales”. Es por ello por lo que la jurisprudencia española, continúa el escrito, "viene haciendo una interpretación sumamente restringida y excepcional de las leyes singulares”, como pretende ser esta.

Por último, los cargos institucionales de Vox avisan de la situación “crítica” que atraviesan el Estado de derecho, la unidad nacional y la convivencia entre los españoles, algo que “nos obliga a activar todos los mecanismos democráticos e institucionales a nuestro alcance”. En ese sentido, consideran que el Comité de las Regiones es un mecanismo "adecuado" desde el cual abordar “la grave crisis política y social que amenaza la permanencia del orden constitucional en España”.