Vox afronta en el Ayuntamiento de Madrid su crisis política más profunda desde que lograra representación en el Pleno en el año 2019. El conflicto estalló la semana pasada, cuando Vox dio a conocer una primera sanción cutelar a Ortega Smith por desacatar las órdenes de ceder la portavocía a Cabello.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, remitió el jueves un escrito a la Secretaría General del Pleno anunciando la medida contra Ortega y desacreditándole como representante de Vox en el Ayuntamiento. Una fórmula que Garriga extendió este lunes a Ansaldo, que es además el afiliado número 1 de Vox, y a Toscano, pero que sin embargo ha resultado ineficaz porque los tres ediles tendrían que ser expulsados del partido para pasar a ser no adscritos o salir de la formación por decisión propia. En ese sentido, ahora es el Comité de Garantías del partido el que debe decidir sobre el futuro de quienes se encuentran suspendidos cautelarmente de militancia.

Esta situación, sumada a la ausencia de un escrito firmado por la mayoría de los concejales de Vox para hacer que Cabello sea la nueva portavoz, ha forzado que Ortega Smith vaya a acudir mañana al Pleno de Cibeles aun como líder de Vox en la cámara.

Este lunes el propio Ortega se reafirmó como portavoz del grupo, aunque señaló que “si la mayoría de los concejales lo solicita”, no tendría “ningún problema en convocar una reunión y proceder a la votación” para designar nuevo portavoz o mantener su cargo. Fue poco antes de conocer las sanciones a Ansaldo y Toscano, aunque en ese momento ya advirtió de que cada uno es “mayorcito, libre y consecuente con las decisiones” que toma. “Sabemos las amenazas que se vierten sobre nosotros, de expulsión, de expediente, de tacharte, de estigmatizarte, de traidor y todas esas cosas”.

La advertencia respondía a la experiencia vivida por Ortega Smith en un año y medio en el que Vox le ha ido retirando todas sus responsabilidades en el partido hasta que ha llegado a su última fortaleza en un despacho del edificio de los Grupos Municipales en la calle Mayor. Calificó este proceso de “purga” y responsabilizó a un “grupo de personas que lleva tiempo obsesionado con eliminar y empujar a que se marchen” a “todos aquellos que han podido tener una notoriedad” y “personalidad en sus opiniones” sin formar parte de una “mera coreografía de las decisiones que se toman”. Así, llamó a “no confundir la disciplina con la sumisión a ciegas” lejos de los “personalismos” y de las organizaciones de “adoración al líder”.

En línea con su portavoz, Carla Toscano publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que se le ha “suspendido e inhabilitado por no aceptar una situación imposible” como “apoyar la destitución injusta e ilegal de Javier Ortega como portavoz”.

“No se pueden acatar instrucciones que rompen con las normas y el funcionamiento democrático que deben regir los grupos municipales, ni instrucciones que atacan de manera arbitraria a una persona inocente que se ha dejado la piel por el partido. No me respetaría a mí misma y merecería el desprecio general si para mantener mi puesto traicionara a mi conciencia y fuera cómplice de una injusticia”, expresó.

Por ahora, los otros tres concejales implicados en lo sucedido no han realizado declaraciones públicas. En paralelo, los servicios jurídicos del Pleno se preparan para la presencia de concejales no adscritos en el Pleno, con la elaboración de un informe encargado por Almeida para conocer de qué medios económicos y materiales deberían estar dotados estos ediles.

A nivel nacional, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró este lunes que “la portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España es la última” de sus “preocupaciones porque no es una preocupación de los españoles” tras ser preguntado por Ortega, quien le acompañó en los inicios de Vox y que con el que mantenía una estrecha amistad.

Según el orden del día, está previsto que Ortega formule una pregunta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "interesando conocer cuáles son las razones que han posibilitado que se hayan realizado empadronamientos ilegales y qué medidas se han tomado respecto a estos hechos”. Posteriormente defenderá una moción para que "el Pleno del Ayuntamiento acuerde rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación ilegal en España impulsada por el Consejo de Ministros", entre otras medidas.