En rueda de prensa, Llanos destacó que el acuerdo alcanzado con el PP para los presupuestos incorpora “avances sustanciales en cuestiones” que su partido considera “prioritarias para los valencianos”, entre ellas, la aplicación de la prioridad nacional, un tema que Vox siempre incorporar en sus negociaciones con los populares.

Llanos precisó que muchas de las medidas anunciadas se incorporarán a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, otras mediante enmiendas al proyecto presupuestario y otras a través de iniciativas legislativas específicas que serán impulsadas durante los próximos meses.

Según Llanos, el acuerdo presentado hoy constituye una “primera concreción” de los compromisos alcanzados entre ambas formaciones, aunque la negociación continuará durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos. “Hoy presentamos el contenido de un acuerdo político importante, pero todavía quedan muchas partidas, programas y líneas presupuestarias que serán objeto de negociación y ajuste en las próximas semanas”, concluyó.

RECORTES

Según señala Vox en una nota, uno de los principales compromisos alcanzados es que la Generalitat acometerá una reforma fiscal integral en dos fases que reducirá los impuestos para todos los contribuyentes valencianos. La reforma, añade, contempla rebajas fiscales en todos los tramos, beneficiando especialmente a las rentas medias y trabajadoras.

Esta bajada de impuestos, continúa, irá acompañada de una reducción del gasto superfluo y de un control mucho más estricto sobre el uso de las subvenciones públicas. Entre las medidas acordadas figura la obligación de acreditar el destino y la utilidad efectiva de las ayudas públicas para poder acceder a nuevas subvenciones.

Respecto a la Academia Valenciana de la Lengua, Llanos señaló que va a haber “un recorte” en organismos “ineficientes, en el despilfarro”. “En cuanto a los organismos ineficientes, confirmo como ejemplo que va a seguir el recorte” a esta institución, que ya estuvo anteriormente “entorno al 25%”. Ahora, añadió, “va a haber el mismo recorte de alrededor del 25%”.

INMIGRACIÓN

Como explica Vox, se creará un Servicio Valenciano de Control del Fraude Padronal y la Sobreocupación, que verificará informes de arraigo e idoneidad de vivienda, detectará situaciones de sobreocupación y colaborará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía cuando existan indicios de fraude, falsedad documental o actuación de mafias organizadas.

Asimismo, expone que el acuerdo contempla que la Generalitat impulse la prohibición del uso del burka, el nicab y cualquier otra prenda que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, al considerarse “incompatible con las necesidades de identificación personal y con los principios básicos de convivencia”.

A su vez, el acuerdo alcanzado con el PP, según Vox, apuesta por promover iniciativas para reclamar la expulsión de extranjeros que se encuentren en situación ilegal cuando tenga conocimiento de dichos casos, instando a las autoridades competentes a la adopción de las medidas previstas en la legislación vigente.

PRIORIDAD NACIONAL

Respecto a la aplicación de la prioridad nacional, Vox apunta que en la Comunidad Valenciana se reforzarán los requisitos de arraigo, residencia y contribución al sistema para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y vivienda pública y se impulsarán modificaciones normativas para vincular el acceso a estos recursos a la residencia prolongada, la trayectoria de cotización y la integración efectiva en el territorio, siempre dentro del marco legal vigente.

A su vez, el partido de Santiago Abascal también apunta que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social incorporará criterios vinculados al arraigo y a la vinculación efectiva con la Comunidad Valenciana, reforzando el principio de prioridad nacional ya implantado en otras comunidades autónomas.

Igualmente, matiza Vox, quedarán excluidas de los programas públicos de vivienda aquellas personas condenadas por delitos de allanamiento o usurpación de viviendas, así como quienes hayan sido objeto de resoluciones firmes por ocupación ilegal de inmuebles públicos.