En concreto, está formado por la secretaria general adjunta, Montse Lluís, quien se encarga en este grupo de los aspectos relacionados con los gobiernos autonómicos, y el director de la Fundación Disenso, Jorge Frías, que se encarga del área internacional y también de la parte diplomática.

El jefe de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, también integra este grupo, ocupándose de todo el tema jurídico y europeo, y lo completa el diputado Ignacio Hoces como vicesecretario de Acción Política. Dejaron claro que el partido optó por crear este grupo de trabajo por la “inquietud” que tiene con el tema de la ‘ley de nietos’.

Las citadas fuentes recordaron que Vox tiene recurridas ante el Tribunal Constitucional tanto la Ley de Memoria Democrática como la disposición adicional octava, conocida como ‘ley de nietos’, apuntando que la acción política y jurídica de este partido está enfocada en “tumbar todo este conglomerado”.

“ASALTO” AL CENSO

En este sentido, denunciaron que lo que el Gobierno pretende con la ‘ley de nietos’ es llevar a cabo un “asalto al censo electoral”, una “alteración” del mismo, deplorando que el proceso de nacionalizaciones mediante esta norma se está realizando con “falta de transparencia” y con una “opacidad tremenda” y “bochornosa”.

Las citadas fuentes explicaron que hay “muchas dudas” sobre la forma en la que se van a asignar las circunscripciones de voto a las personas que consigan la nacionalidad española a través de la ‘ley de nietos’. Aseguraron que les alegra que cada vez más gente tome conciencia de la “tremenda ilegalidad que hay” en la forma de asignar la circunscripción a nuevos electores.

Por el momento, 2,5 millones de personas han solicitado la nacionalidad mediante la ‘ley de nietos’ y comentaron que 1,7 millones ya la han obtenido y que este proceso continúa. Desde Vox avisan de que no se tienen los antecedentes penales de estas personas, ya que “no han vivido jamás en España”.

EUROPA

Además, las fuentes mencionadas remarcaron que este tema trasciende las fronteras españolas, ya que cualquier persona que adquiere la nacionalidad española es “ciudadano de la Unión Europea” y, por lo tanto, pueden “entrar en territorio europeo sin visado”, “van a votar en las elecciones europeas”.

En este punto, recordaron que en el 2025 hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que “la izquierda aplaudió”, en la que se condenó a Malta por aprobar una ley que permitía la adquisición de la nacionalidad a aquellos extranjeros que realizasen determinadas inversiones en territorio maltés.

Se declaró que esto es “contrario al derecho de la Unión, infringe un principio de la Unión Europea, el de cooperación leal” entre los Estados miembro. Al mismo tiempo, un segundo elemento clave de esta sentencia es que se dijo que estas personas no tenían “vínculo efectivo” con Malta.

Teniendo este aspecto como ejemplo, lo que pretende Vox es que la Comisión Europea pida “explicaciones” al Gobierno sobre las nacionalizaciones hechas mediante la ‘ley de nietos’. Los de Santiago Abascal, por el momento, ya han repartido un informe a sus socios europeos en el que les ponen en alerta sobre este proceso “fraudulento”.

ACCIONES DE VOX

Vox lleva varios meses realizando distintas acciones a nivel parlamentario y jurídico para denunciar este tema. En abril, Santiago Abascal ya alertó a sus socios internacionales y a la sociedad sobre este aspecto, ya que en mitin de las elecciones andaluzas acusó a Pedro Sánchez de querer “alterar” los próximos comicios generales.

A finales de junio, Vox pidió, ante la Secretaría de Estado de Justicia, declarar nula de pleno derecho la instrucción de octubre de 2022, conocida como ‘ley de nietos’, y suspenderla cautelarmente. Según las citadas fuentes, esta es una petición “muy importante” y ya ha pasado casi un mes y no han recibido ninguna respuesta, ni siquiera que se ha admitido a trámite.

A su juicio, esta norma es “manifiestamente ilegal”. Las fuentes de Vox se mostraron convencidas de que iban a “ganar” en los tribunales, y que la cuestión es “si alguien va a la cárcel por el camino o no”. Asimismo, el 30 de junio los de Santiago Abascal hicieron una doble solicitud a la Junta Electoral Central (JEC).

Por un lado, pidieron “auditar y suspender las inscripciones masivas en el CERA”, cosa que la JEC rechazó la semana pasada, y revisar los contratos de externalización (Neoris y grupo estatal cubano Palco), así como que no se permita el voto por correo desde el extranjero “sin garantías de identidad y custodia”.

ELECCIONES “LIMPIAS”

Ya en julio, Vox pidió ante la Comisión Europea abrir un procedimiento de infracción contra el Gobierno y solicitó un debate urgente en la Comisión LIBE sobre este tema. Al mismo tiempo, tras pedirlo con mucha insistencia, Buxadé mantendrá una reunión técnica a finales de agosto con la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea para poner de manifiesto esta “grave situación”.

Hoy mismo, el partido avanzó que va a recurrir ante el Tribunal Supremo la resolución de la JEC publicada la semana pasada en la que alegó no tener competencias para suspender de manera cautelar el procedimiento de elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), solicitado por los de Santiago Abascal.

Al mismo tiempo, sobre los contratos de internacionalización del Gobierno con las empresas Neoris y el grupo estatal cubano Palco, los de Santiago Abascal han pedido hoy mismo directamente al órgano de contratación, uno de ellos Justicia y el otro Exteriores, que los revise y los anule, como paso previo a acudir a los tribunales.

En el ámbito autonómico, los tres vicepresidentes regionales de Vox de Extremadura, Aragón y Castilla y León solicitaron la semana pasada de forma coordinada un informe a los servicios jurídicos de sus respectivos Gobiernos autonómicos para estudiar y evaluar una posible “invasión de competencias” derivada de la ‘ley de nietos’.

Según fuentes de Vox, todo el proceso de obtención de la nacionalidad mediante la ‘ley de nietos’ es “ilegal”. Su objetivo, dejaron claro, es que haya unas elecciones “limpias y transparentes”, ya que, lo que está habiendo hasta el momento es “una violencia jurídica que no garantiza la transparencia”.