Así lo indicó Figaredo en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, donde señaló que, sobre este “trágico accidente” en el que fallecieron cinco mineros, “nos encontramos” ante “un caso de gravísima negligencia de la Administración autonómica y nacional” o “ante un nuevo caso de corrupción socialista, que es lo que empieza a parecer”.

En este sentido, subrayó que “nos encontramos con una explotación que obtuvo una licencia en menos de un mes” cuando “la Administración pública no concede en menos de un mes ni siquiera la cita previa”. Además, afeó que dieron “un tipo de permiso que se ha llamado de exploración complementaria” que “no consta en la ley de minas” ni en el reglamento de minas.

Además de esto, alertó de que “se habían presentado denuncias” antes del accidente. En concreto, “una reclamación” el 12 de marzo ante el organismo responsable en la administración autonómica “especificando todas las irregularidades que se estaban produciendo en esta mina” y que fue “absolutamente ignorada”.

AYUDA DE 1 MILLÓN DE EUROS

Recordó que en 2022 “ya se produjo otra muerte”. “En aquel momento, la mina la explotaba una sociedad dirigida por la esposa de quien al final controlaba la explotación. Actualmente, la empresa Blue Solving está administrada precisamente por el hijo de aquella misma persona que controlaba aquella explotación y que controla esta explotación también”, explicó.

Es decir, “vemos que quien llevaba las riendas de la explotación es la misma persona, se mantiene en esa explotación a través de empresas pantalla”. Además de eso, espetó Figaredo, “se le concedió una ayuda de casi 1 millón de euros por el Ministerio de Transición Ecológica, por lo que vemos que las autoridades nacionales tampoco están fuera de este caso”.

Lamentó que hasta ahora “estamos casi acostumbrados a que la corrupción socialista cuesta dinero a los españoles, pero en esta ocasión la corrupción socialista ha costado vidas”. “Tristemente no es la primera vez, ya lo vimos en Valencia, donde la dejadez de funciones y la omisión del deber de socorro del PSOE ha costado vidas también”, arguyó.

INICIATIVAS

Expuso que Vox ha solicitado que se celebre una comisión de investigación en el parlamento asturiano, a lo que el Partido Popular ha accedido, pero “está negociando con Podemos concederle la presidencia” de la misma. “El PP parece que está dispuesto a que la comisión de investigación se convierta en una pantomima controlada nada más y nada menos que por Podemos”, denunció.

Para conseguir “saber la verdad”, avanzó que Vox registró en el Congreso de los Diputados una batería de iniciativas en las que pide que se especifique “cuál era la autorización que se concedió, por qué y bajo qué pretexto; cuál fue todo el expediente administrativo, y qué actividades se podían desarrollar bajo esa autorización.

Su partido también quiere saber a qué criterio respondió la concesión de esa subvención de casi 1 millón de euros del Ministerio de Transición Ecológica a una empresa “al final dirigida por quien ya había estado implicado en casos de explotación ilegal de esta misma mina”, así como “en qué consistió la investigación y qué elementos se tuvieron en cuenta”.