Así, en el texto registrado, Vox advierte de que distintas instituciones, “entre ellas el Gobierno de la nación, cuya misión fundamental debe ser garantizar la defensa de la Constitución y el imperio de la ley, se encuentran avanzando en el desmantelamiento del régimen de garantías previsto".

Por ello, asegura que “es imperativo acometer una sanación del ordenamiento jurídico que revierta estos ataques a la Constitución y que permita a los españoles centrarse en el progreso, el crecimiento, la modernización de las estructuras estatales y, en definitiva, en salvaguardar la unidad nacional y la igualdad de los españoles”.

Además de la acción del Gobierno, Vox alerta de los problemas que generan los partidos separatistas, a los que califica como “una amenaza de primera magnitud para la unidad nacional”. En su opinión, estos partidos están “atacando la base de la comunidad política y el fundamento del sistema constitucional”.

El partido de Santiago Abascal denuncia también que el “poder alcanzado por las fuerzas políticas separatistas en los ámbitos regional y local ha sido utilizado sistemáticamente desde hace décadas para debilitar los vínculos que sostienen la unidad política y social de nuestra nación".

Por ello, Vox propone dejar fuera de la ley a los partidos separatistas. Así, contempla varias modificaciones de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos con el objetivo de “asegurar la integridad del sistema político y en especial la preservación del bien más básico y más precioso, que es la propia continuidad de España”.

Otro de los puntos que aborda la proposición de ley que Vox defenderá en el próximo pleno es la regulación del referéndum. Según Vox, “una determinada región no está facultada para someter a consulta la separación o desmembración de la nación, ya que ésta forma parte de ese todo, de ese sujeto que es España”.

Asimismo, esta iniciativa parlamentaria del partido de Santiago Abascal incluye la modificación de los artículos 544 a 549 del Código Penal para recuperar el delito de sedición, “devolviendo el vigor de dichos artículos y aumentando las penas de privación de libertad por su comisión”.

Vox también propone incrementar la respuesta penal por la comisión de delitos de ofensas o ultrajes a España a través de un tipo agravado cuando los autores son miembros del Gobierno, según se expone en los artículos 584 y 592 del Código Penal o incluso quien, por razón de su cargo, deba tener una especial conducta respetuosa hacia los mismos.