Dice que los “escándalos” destapados en Mallorca, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña han puesto al descubierto “una corrupción institucionalizada en los centros de tutela” en los que ha habido “abusos, explotación sexual y redes de tráfico de menores bajo el amparo de las administraciones públicas”.

Con esta iniciativa, Vox reclama acabar con “esta opacidad” y “devolver la protección de la infancia a las causas de la justicia y la familia” mediante tres ejes principales. El primero es que “la declaración de desamparo dejará de ser una decisión administrativa para convertirse en una resolución judicial con control previo y efectivo”.

El segundo eje consiste en que “el retorno al núcleo familiar o, en su defecto, a la familia extensa será siempre la primera opción, relegando el acogimiento residencial a un último recurso”, y el tercer eje propone que “se eliminan referencias políticas o de género como criterio para intervenir en el ámbito familiar”.

Asimismo, esta proposición de ley contempla modificaciones en el Código Civil y en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, con el fin de “garantizar un marco legal más seguro y efectivo”.

Para Vox, es “inadmisible” que las instituciones públicas “sigan actuando sin control ni rendición de cuentas en un ámbito tan sensible como la tutela de menores”. Además, afea que los poderes públicos “han abandonado su deber constitucional de garantizar una protección integral de la infancia, dejando a los más vulnerables en manos de redes de abuso y negligencia”.

Por todo ello, con esta iniciativa el partido de Santiago Abascal defiende “el interés superior del menor frente a la arbitrariedad administrativa” y reclama que la tutela pública “deje de ser un espacio de opacidad, abuso y abandono institucional”.