El pasado 23 de julio, Vox solicitó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se investigara el cese de los cuatro consejeros independientes de Indra que había tenido lugar un mes antes en la Junta General. Los votos a favor del cese fueron emitidos por la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI), Sapa Placencia S.L. y Amber Capital Investment Management (Amber).

La formación de Santiago Abascal ya presentó denuncia ante la Fiscalía el pasado mes de julio por un presunto delito de imposición de acuerdos lesivos (recogido en el artículo 291 del Código Penal), en el que, a su juicio, estarían implicados los asistentes a la Junta General de Accionistas en representación de los accionistas que avalaron el cese.

La vicesecretaria Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, y el vicepresidente del Área Económica y diputado, Víctor González, decidieron acudir a Fiscalía al no obtener respuesta de la CNMV. La situación de Indra venia siendo objeto de la atención de Vox, que había formulado una pregunta parlamentaria al Gobierno y solicitó la comparecencia de los presidentes de la CNMV y de la SEPI para que informaran de los sucedido en la Junta de Accionistas.

Castro considera que podría haber un ilícito penal y pide a la Fiscalía que recabe el acta del Consejo de Administración por el que se acodó la convocatoria de la Junta General de Accionistas, la Convocatoria de la citada Junta del pasado 23 de junio, el acta de la reunión y los acuerdos parasociales que existan, en su caso. Además, pide la identificación de los asistentes a la Junta General en representación de la SEPI, Sapa Placencia S.L. y Amber y la declaración de los denunciados, una vez identificados.

Finalmente, Vox también solicita que se oficie a la CNMV para que remita el expediente de la investigación abierta por los hechos acaecidos y, especialmente, las cartas remitidas por los consejeros cesados. Por último, el partido también pide la declaración de las cuatro personas cesadas.