Así lo indicó Castro en un vídeo difundido por Vox, después de que el hermano del presidente del Gobierno haya sido condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por el delito de aceptar un cargo de manera ilegal. La sentencia descarta la existencia del delito de tráfico de influencias y no fija, por tanto, pena de prisión.

Al mismo tiempo, Castro recordó que la sentencia conocida ayer “también condena a Miguel Ángel Gallardo, presidente entonces de la Diputación Provincial de Badajoz, a 18 años y con él a nueve funcionarios y cargos políticos más de la Diputación, todos vinculados al PSOE”.

Según Castro, la sentencia considera como “hechos probados” que hubo “un plan preconcebido” que, “desde el ámbito político donde se tomó”, fue trasladado “al ámbito funcionarial”; por eso “hay implicados cargos políticos y funcionarios”.

Es decir, hay “un plan preconcebido para la creación de esta figura en la que no había necesidad, tampoco había urgencia, se utilizaron fondos públicos y además se adaptaron a las apetencias personales de David Sánchez Pérez Castejón”.

Para Castro, “la utilización de las instituciones por parte del Gobierno para proteger el círculo íntimo del presidente de Sánchez es corrosiva” y “lamina los principios básicos democráticos”.

Por ello, garantizó que “Vox continuará en su defensa para lograr que se aplique la igualdad de todos los españoles ante la ley, se apelliden como se apelliden”.