Esta petición se realiza el mismo día que agentes de la UCO han accedido a la sede nacional del PSOE y a otras sedes institucionales, en el marco de una investigación judicial dirigida por la Audiencia Nacional relacionada con una presunta trama de corrupción y posibles irregularidades en la financiación y funcionamiento interno del citado partido político.

Esto, según Vox, es “un hecho de extraordinaria gravedad institucional y democrática, absolutamente excepcional en nuestra historia reciente, y exige una respuesta firme desde las Cortes Generales dirigida a garantizar la transparencia, la depuración de responsabilidades políticas y el esclarecimiento completo de los hechos”.

El objetivo de la petición de Vox es que se unan los senadores de la Cámara, instando a su adhesión a esta solicitud para el cumplimiento del requisito de reunir 25 senadores para completar la propuesta realizada. Los de Santiago Abascal en estos momentos cuentan solo con cuatro senadores.

En el escrito, Vox recuerda las informaciones publicadas y las diligencias judiciales conocidas hasta la fecha, que apuntan a que “la investigación afecta a personas vinculadas al entorno del PSOE y analiza posibles conexiones entre responsables políticos, empresarios y adjudicaciones públicas relacionadas con organismos dependientes del Estado y sociedades participadas por el sector público”.

Este partido argumenta que los hechos investigados “guardarían relación con actuaciones desarrolladas durante los últimos años desde distintos ámbitos de la Administración General del Estado y del sector público institucional, afectando potencialmente a entidades estratégicas y organismos públicos sometidos al control del Gobierno”.

Para Vox, revisten de especial “gravedad” las informaciones relativas a la “posible existencia de redes de influencia destinadas a facilitar contratos públicos, rescates empresariales, acceso privilegiado a información reservada y utilización de relaciones políticas para favorecer determinados intereses empresariales y particulares”.

Ante esta situación, la formación de Santiago Abascal señala que el Senado “no puede permanecer ajeno ante unos hechos que afectan directamente a la confianza de los españoles en las instituciones, a la limpieza de los procesos de contratación pública y a la integridad del sistema democrático”.

Asimismo, Vox también solicita la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras para que comparezcan en la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

Lo que pretende Vox es que den cuentas de “los criterios seguidos por el Ministerio del Interior en los nombramientos y ascensos de altos mandos policiales relacionados con actuaciones e informaciones de relevancia pública vinculadas al denominado ‘Delcygate’, así como de las actuaciones realizadas por su departamento ante las informaciones aparecidas sobre posibles vínculos entre determinados mandos policiales y tramas de influencia política y económica”.