En concreto, los de Santiago Abascal piden a Marlaska que dé cuenta de la imputación de González y Llamas por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el marco de la causa Leire Díez para condicionar el funcionamiento de la Unidad Central Operativa (UCO), así como exponer las medidas que llevará a cabo respecto de esas dos personas.

Al mismo tiempo, Vox pregunta al Ejecutivo central qué medidas piensa adoptar respecto a la continuidad de Mercedes González al frente de la Guardia Civil, así como del director adjunto operativo, tras su imputación, y también quiere saber por qué no han sido cesados ambos todavía.

Asimismo, este partido pregunta qué garantías ofrece el Gobierno de que no se ha producido “una injerencia política en el funcionamiento ordinario de la UCO” y por qué motivo “se negó inicialmente la existencia de dichos encuentros, tanto por parte de la directora general como del propio ministro del Interior”.