La iniciativa se centra principalmente en la conocida como ‘Ley Bolaños’ porque intenta que se haga el acceso a las carreras judicial y fiscal “más dependiente de la administración al encomendar la formación a un organismo gubernamental”. También carga contra la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Según Vox, con ello “se rechaza la pretensión de otorgar al Ministerio Fiscal la instrucción de las causas penales, invirtiendo la tradición jurídica española”. La formación subraya que esta medida es “absolutamente improcedente” por provenir de un Gobierno “acosado por gravísimas sospechas de corrupción y cuyo principal partido ha intentado restringir la acción popular”.

Asimismo, menciona también la proposición de ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales excesivas, apuntando que esta busca “la impunidad para el ultraje mediante la derogación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos y atacar la imparcialidad modificando las causas de abstención y recusación de jueces para silenciar a los magistrados críticos”.

Los de Abascal consideran que el Gobierno “no está legitimado para impulsar ninguna reforma de la Justicia que afecte directamente a las investigaciones por presunta corrupción en las que se encuentra en el centro”. Por ello, le insta a retirar inmediatamente la ‘Ley Bolaños’ y el proyecto de ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

También le pide “abstenerse de formular propuestas que comprometan la neutralidad e imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal” y cesar en “la promoción de iniciativas que busquen impunidad para ultrajes religiosos o que modifiquen las causas de recusación de jueces para atacarlos”.

Finalmente, anima al Ejecutivo de Pedro Sánchez a promover una modificación de la legislación del indulto para “proscribir su aplicación en casos de corrupción política, delitos contra la integridad territorial o cometidos por autoridades en el ejercicio de sus cargos”.