La formación denuncia que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “son uno de los mayores damnificados de las políticas que Pedro Sánchez está llevando a cabo” y que, ante su “debilidad” parlamentaria, “el Ejecutivo socialista ha cedido en múltiples ocasiones a los deseos de sus socios separatistas”.

Entre varios ejemplos, los de Santiago Abascal citan el traspaso de la competencia de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra, el proyecto de cesión de las competencias de inmigración en Cataluña y la reciente exclusión de Policía Nacional y Guardia Civil de la Junta de Seguridad del País Vasco.

El partido señala como “última cesión al separatismo” el cierre de la base del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en L'Estartit (Girona), una decisión “rechazada por asociaciones profesionales de la Benemérita, que la atribuyen al desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en Cataluña”.

FALTA DE MEDIOS

Al mismo tiempo, el partido de Santiago Abascal alerta en esta iniciativa de la “falta de medios y de reposición de efectivos”. Según las estimaciones de Jucil, “entre 2022 y 2025, el Instituto Armado perderá hasta 1.800 agentes en activo” y “actualmente, uno de cada tres guardias civiles tiene más de 50 años”.

Todo ello, concluye la formación, ha traído como consecuencia “el aumento de la inseguridad en las calles, que se concreta con un incremento exponencial de la criminalidad, especialmente en los delitos íntimamente relacionados con la inmigración masiva, tales como las agresiones sexuales”.

Por todo ello, Vox insta al Gobierno a “revertir el repliegue” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en Cataluña y País Vasco, y a aumentar las plantillas de las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para que puedan cumplir las misiones que tienen encomendadas.

Asimismo, también le pide que las dote de “los medios materiales, humanos y económicos necesarios que garanticen la seguridad y permitan el ejercicio efectivo de sus funciones”; que las dote del “respaldo institucional necesario para garantizar el principio de autoridad” y que se declare profesión de riesgo al trabajo que realizan los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional.