En el texto, Vox señala que España ha superado los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero, lo que supone un 20% del total de la población y duplica la cifra de 2019. Por ello, denuncia la política migratoria del Gobierno, consistente “en flexibilizar la figura del arraigo para facilitar la regularización de millones de inmigrantes irregulares”.

Sin embargo, apunta el partido, “esta normalización de las supuestas vías extraordinarias de regularización han sido insuficientes para el Gobierno, que está trabajando en la modificación del reglamento al objeto de llevar a cabo una regularización masiva fruto de un acuerdo de Podemos”.

El plan del Ejecutivo, según Vox, es “evidente”, ya que “Irene Montero ha expresado un interés vehemente por reemplazar a la población española que califica de ‘facha’, así como de impulsar la nacionalización de los extranjeros regularizados o una modificación normativa al objeto que puedan votar”.

Esta regularización, según Vox, “fundamenta una suerte de amnistía en la entrada y permanencia ilegal en nuestro país”. Algo que el Gobierno “ampara implícitamente cuando emplea su política de fronteras abiertas” como “única baza para la sostenibilidad del Estado del bienestar, pese a la menor cualificación media de los trabajadores inmigrantes y sus aportaciones fiscales netas negativas al erario”.

MEDIDAS

Por todo ello, Vox al Gobierno repatriar a todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación o impedir que puedan acceder a cualquier tipo de ayuda social o servicio público y establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda.

También exige “deportar a cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como de todo aquel que decida no integrarse en la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya”, así como promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles.

Entre otras medidas, el partido de Santiago Abascal reclama con esta iniciativa al Gobierno “auditar exhaustivamente” todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años con el fin de “evitar el fraude y revocar la de todos aquellos que hayan accedido de manera fraudulenta a la misma”.

Al mismo tiempo, esta formación también propone realizar las modificaciones legales oportunas a fin de “suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra nación”.