Desde que se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que el PSOE acordara con los partidos independentistas catalanes una ley de amnistía a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, Vox avisó de que haría todo lo que estuviera en su mano, tanto en los tribunales, como en las instituciones y en las calles, para rechazar el “golpe” que supone esta medida.

Sus primeros pasos en este sentido fueron en las calles, participando en la manifestación del 8 de octubre en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana y en la concentración organizada por Denaes el 29 de octubre en Madrid, donde el líder de Vox, Santiago Abascal, llegó a dar un discurso desde el escenario situado en la plaza de Colón.

Así, los primeros movimientos de Vox contra la amnistía consistieron en llamar a la “movilización permanente” en las calles. Este partido se ha sumado en distintas ocasiones a las protestas frente a la sede el PSOE situada en la calle Ferraz de Madrid que comenzaron el 3 de noviembre. Abascal, que ha ido varias noches, acudió por primera vez el 6 de noviembre.

TRIBUNALES

Pese a no contar con el número de diputados necesarios para poder presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, Vox lleva desde principios de noviembre realizando una batalla judicial contra la amnistía. La primera acción fue el 8 de noviembre, cuando se querelló contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

Este partido se querelló contra ellos por las cargas policiales acaecidas un día antes en la calle Ferraz, en las que se empleó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Los supuestos delitos que recoge Vox en la querella son los de prevaricación y los que considera que habrían cometido funcionarios públicos contra los derechos individuales.

Casi una semana después, Vox acudió al Tribunal Supremo para querellarse contra Sánchez por cohecho, colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos en el ejercicio de su función. Junto a ella pidió la medida cautelar de la inmediata suspensión de la investidura, sin éxito.

Asimismo, el 22 de noviembre Vox se querelló contra el secretario general del Congreso, Fernando Galindo por un posible delito de prevaricación administrativa como consecuencia de emitir un informe favorable a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de amnistía.

INSTITUCIONES

Los de Abascal también se han mostrado este mes activos tanto en el Congreso como en el Senado para tratar de frenar la ley de amnistía. Entre diferentes iniciativas, en la Cámara Baja registraron una carta dirigida a la Presidencia de esta institución requiriéndole la inadmisión de cualquier proposición de ley que pretende la amnistía.

Presentaron dos escritos dirigidos a la Mesa del Congreso. El primero solicitando la no tramitación de la proposición de ley de amnistía y el segundo, que registraron dos días después, pidiendo la inadmisión a trámite, en términos absolutos, de la iniciativa parlamentaria sobre la ley de amnistía que aún no se había presentado.

En el Senado promovieron otro gran número de iniciativas, como una carta dirigida a la Presidencia requiriéndole la no tramitación de cualquier proposición de ley que pretenda la amnistía o la petición de que el letrado mayor de la Cámara Alta emita un informe sobre la constitucionalidad del texto de la amnistía.

Además, durante la primera sesión de control de esta legislatura en el Senado, el senador de Vox Ángel Pelayo preguntó por qué el Gobierno “quiere humillar a España con una amnistía a los separatistas que odian a España y nuestras libertades” al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

PETICIÓN AL PP

En paralelo a estas y otras iniciativas que está presentando Vox en distintas instituciones, los de Abascal solicitaron en reiteradas ocasiones al Partido Popular que haga valer su mayoría absoluta en el Senado y opte por no tramitar la proposición de ley de amnistía cuando llegue a esta Cámara desde el Congreso.

En concreto, Vox dijo al PP que existe la “oportunidad histórica” de convertir el Senado en el “bastión de resistencia” y en la “barrera fundamental” para frenar el “golpe de Estado”. Lo que falta para conseguirlo, señalaron desde este partido, es que los populares se decidan y así se fuerce un conflicto institucional con la ley de amnistía.

Además, Abascal pidió una reunión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para “coordinar” una respuesta “institucional” frente al “golpe” de Sánchez y explicó que hay “diferencias jurídicas” entre ambos partidos sobre cómo proceder en el Senado frente a la amnistía. Por ello pretendía hablar con los populares.

Sin embargo, el propio Abascal lamentó que estas peticiones están cayendo en “saco roto” y denunció que la actitud de PP con la amnistía se puede entender como “una cobardía o una auténtica estafa a los ciudadanos”. Aseguró que “el problema está en Génova” porque en muchas regiones los líderes de este partido “están dispuestos” a una “respuesta coordinada”.

FUTURO

De cara los futuros pasos que se vayan dando con la ley de amnistía, el partido de Abascal continuará con su ofensiva tanto judicial como parlamentaria. Lo más inmediato puede ser la presentación de querellas contra los miembros de la Mesa del Congreso que votaron a favor de admitir a trámite la proposición de ley de amnistía.

Asimismo, Vox ya advirtió de que también presentará querellas contra los miembros de la Mesa del Senado que voten a favor de tramitar esta ley una vez llegue procedente del Congreso. Es decir, se querellará contra los miembros del PP, partido que intenta retrasar la tramitación de la ley de amnistía, pero que señaló que no puede pararla en la Cámara Alta.