En concreto, solicita un informe de fiscalización sobre los gastos que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la inmigración ilegal y, pide que, en un segundo informe se detalle, también, cuánto supone la gestión de los menores extranjeros no acompañados.

A juicio de Vox, los españoles tienen derecho a saber “cuánto les cuesta la inmigración ilegal y también por qué, si cada vez pagan más impuestos, tienen unos servicios públicos peores y las ayudas sociales no llegan a los españoles que de verdad las necesitan”. Por ello, el lema de esta campaña es ‘Hasta el último centavo”.

Este partido lleva “años denunciando el tremendo coste que supone para los españoles la inmigración ilegal y masiva” y recuerda que “la realidad que sufren los españoles no se puede tapar, por mucho que los grandes partidos intenten ocultarlo: listas de espera disparadas; servicios públicos colapsados, etc.”.

Precisamente, Santiago Abascal empleó la sesión de control al Gobierno en el Congreso para denunciar el “disparate” que supone que la Administración “gaste más dinero en la manutención y el sostenimiento de un menor no acompañado que en la plaza de un anciano en una residencia”.