Desde Vox aseguran que la modificación de la ordenanza de movilidad sostenible “está amparada y regulada jurídicamente” en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

También, añaden, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los ayuntamientos no tienen potestad para imponer prohibiciones o restricciones en base a las etiquetas de emisiones de los vehículos.

Desde Vox señalan que “no se trata de establecer una batalla jurídica en el Ayuntamiento”, más cuando “ha quedado acreditado que la calidad del aire ha mejorado notablemente gracias a medidas impulsadas y exigidas por Vox”, como la supresión de las calderas de carbón, la renovación de flotas municipales por vehículos más eficientes o las ayudas a la electrificación. “Se trata de estar junto a los madrileños en los momentos más difíciles como éste, en el que nos encontramos inmersos, de crisis energética, económica y social”, apuntan.

El partido recuerda que el Ayuntamiento de Barcelona está tomando medidas como levantar las restricciones a los vehículos sin etiqueta de las familias con rentas más bajas, así como de apoyo a los autónomos, “dejando claro que si se quiere, se puede”.

Además, “vecinos, profesionales y asociaciones sectoriales demandan ayuda en los momentos más difíciles y es obligación del Ayuntamiento, escuchar, estar a su lado y ofrecer soluciones, más allá de encoger los hombros y declarar que estamos obligados y no podemos hacer nada”, comentan.

Por ello, inciden en que, “frente al ecologismo radical, que antepone los dogmas climáticos a las necesidades de los madrileños, Vox siempre estará junto a los madrileños que necesitan, hoy más que nunca, una política sensata y cabal que les ayude a superar una crisis que no debería ser agravada aún más desde las instituciones”.