La petición pretende analizar “en profundidad” el encaje jurídico de una norma que está “facilitando la incorporación masiva y fraudulenta de cientos de miles de personas extranjeras al censo electoral”, según indican los de Santiago Abascal en una nota de prensa.

Este partido considera que este proceso, ejecutado de forma “opaca y sin control alguno, compromete la limpieza de futuros procesos democráticos y, en especial, de las próximas elecciones generales que debieran celebrarse en el año 2027”.

El informe jurídico solicitado por Vox deberá determinar “si el procedimiento invade competencias autonómicas y qué instrumentos legales asisten a los Gobiernos regionales para defender los intereses de sus ciudadanos frente a lo que se ha diseñado como una maniobra de ingeniería electoral al servicio de un presidente del Gobierno que pretende perpetuar su poder y corrupción de forma indefinida” en el Ejecutivo.

Esta medida forma parte de la batería de medidas anunciada por el partido a inicios de esta semana, en una defensa “sin precedentes” del Estado de derecho liderada por Vox desde los parlamentos regionales, el Congreso, Bruselas y, por supuesto, desde los Gobiernos.

Este mismo informe se solicitará en Andalucía en el momento en que Manuel Gavira tome posesión de su cargo como vicepresidente de la Junta de esta comunidad, replicando allí la solicitud de informe jurídico sobre la ‘ley de nietos’.