Según señala el documento, al que ha tenido acceso Servimedia, Vox considera que las protestas de los agricultores durante el último mes ponen de manifiesto “la solidaridad de los españoles” ante unas políticas “basadas en la Agenda 2030” que buscan “arruinar” al sector primario español y “beneficiar a países extracomunitarios”.

Por este motivo, llevará una moción al Pleno del 27 de febrero en la que pedirá a los concejales “manifestar su solidaridad con los agricultores españoles en su lucha contra las políticas globalistas” que “ponen en riesgo la existencia de sus explotaciones”.

Asimismo, instará al Consistorio a que “reclame al órgano competente la inmediata revisión de la nueva PAC” que, a su juicio, aun antes de aplicarse “ya está mostrando sus efectos perniciosos para el campo español y europeo”, así como para los ciudadanos por “los precios inasumibles de los alimentos”.

A esos dos puntos se sumará también una petición al Pleno para que se denuncie el Pacto de Milán, relacionado con el fomento de la alimentación saludable, y que “se cree un grupo de trabajo en Mercamadrid” para definir y desarrollar “una estrategia alimentaria en la ciudad de Madrid”.

ESTRATEGIA CONTRA EL CAMPO

En su exposición de motivos, la formación apunta que “ha habido y hay ministros” que “sirven a intereses ajenos a los españoles”, señalan concretamente al “exministro comunista Alberto Garzón” por afirmaciones contra la sostenibilidad en la industria cárnica”, así como a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, por “usar ahora el agua como instrumento de represión para desarrollar parte de la estrategia en contra del campo”.

Además, indica que detrás de las políticas de la UE hay “una acción deliberada para eliminar a cientos de miles de explotaciones agrarias dispersas que las grandes corporaciones no pueden controlar y dominar”.

Finalmente, Vox pedirá al Gobierno municipal que “revise y suprima toda la normativa de la Agenda 2030, junto con las acciones derivadas de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que califican como “restrictivos de la libertad”.