En un comunicado difundido este sábado, el partido explicó que quiere investigar a Sánchez "por los gravísimos hechos relacionados con la reciente invasión de Ceuta, al considerar que existen indicios que justifican una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado".

En concreto, propone activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución, "que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno cuando la acusación se refiera a delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones".

Este procedimiento exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y que sea aprobada por mayoría absoluta de la Cámara. Para iniciar el proceso son precisos 88 diputados. "Obviamente si Vox dispusiese de ese número ya estaría planteado ante la Mesa del Congreso", apuntó.

Ante esta situación, anunció que Vox "pone a sus diputados a disposición de cuantos grupos parlamentarios estén dispuestos a promover dicha iniciativa constitucional, haciendo un llamamiento expreso al resto de fuerzas políticas para que permitan la apertura del procedimiento previsto por la Constitución y sea el Tribunal Supremo quien determine, tras la correspondiente investigación, si existen responsabilidades penales".

La formación considera que existen hechos que deben ser esclarecidos por la jurisdicción penal y recuerda que el Título XXIII del Código Penal tipifica los delitos de traición y los delitos contra la paz, la independencia y la seguridad del Estado.

Asimismo, reclama la inmediata desclasificación y entrega al Congreso de toda la información relativa a las comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y las autoridades marroquíes antes, durante y después de los acontecimientos de Ceuta, así como toda la documentación e informes elaborados por los servicios de inteligencia y los órganos responsables de la seguridad nacional, tanto de naturaleza civil como militar.

"Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad sobre unos hechos que afectan directamente a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras del Estado. Precisamente por la excepcional gravedad de los acontecimientos", Vox explica que "corresponde utilizar todos los mecanismos previstos en el ordenamiento constitucional para depurar, en su caso, las responsabilidades políticas y penales que pudieran derivarse de los mismos".

Lo ocurrido en Ceuta "no constituye un fenómeno migratorio convencional, sino un episodio de guerra híbrida contra España, caracterizado por la utilización masiva de inmigrantes ilegales como instrumento de presión sobre la soberanía nacional", concluye.