Asimismo, pide repatriar a todos los inmigrantes que entren “ilegalmente” en España y denegarles ayudas sociales o servicios públicos. Reclamará que el Gobierno expulse a los extranjeros, tanto en situación regular como irregular, que cometan “delitos graves, delincan de forma reiterada o no se integren”.

La iniciativa también pide establecer prioridad nacional -a los españoles- en la concesión de ayudas o subvenciones, venta de vivienda y servicios públicos, y promover la remigración de quienes no contribuyan económicamente.

Asimismo, quiere que el acceso a los servicios públicos de las personas migrantes “legales” esté condicionado directamente con los años de cotización en España.