En concreto, los de Santiago Abascal reclaman que Illa dé cuenta de los detalles relativos al proceso de adjudicación por parte del Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), de los lotes recogidos en el Acuerdo Marco para adquisición de materiales de protección frente a la covid-19.

Esta solicitud de comparecencia se suma a las que Vox ya solicitó de los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska; la del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que además se le ha solicitado su dimisión. Todo ello enmarcado en las informaciones del ‘caso Koldo’.

Vox también se ha personado en el caso como acusación particular para llegar “hasta el final” del asunto y, a raíz de las diversas informaciones que han ido apareciendo en diferentes medios de comunicación sobre los contratos que se realizaron por parte del Gobierno central y los autonómicos presentó también en el Congreso una batería de preguntas al Ejecutivo.

CLIENTES DE LA TRAMA

Entre muchas cuestiones, este partido quiere saber qué ministerios y organismos públicos adscritos a estos o independientes han contratado desde enero del año 2020 con la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L., empresa clave en esta supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Así, Vox también quiere saber qué control se hizo desde el Ministerio de Hacienda sobre los contratos realizados por el resto de los ministerios y entes públicos dependientes de la Administración General del Estado y cuántos contratos tiene conocimiento este ministerio que se hubieran realizado verbalmente en los años 2020, 2021 y 2022.

En paralelo a las preguntas presentadas, Vox ha presentado en la Cámara Baja dos solicitudes de informes, datos y expedientes sobre las compras realizadas durante la pandemia por el Gobierno de Canarias, que en aquel entonces estaba presidido por el actual ministro Torres.

También se han solicitado los expedientes de los contratos realizados por la junta de contratación centralizada del Estado y los adjudicados por diferentes ministerios desde la declaración del primer estado de alarma inconstitucional.