Según informó Vox, su Vicesecretaría Jurídica Nacional, bajo la dirección de Marta Castro, sostiene en su escrito que el 'Ospa Eguna', además de rechazar la presencia de la Guardia Civil y Policía, "difunde la idea de que sus integrantes no son dignos de respeto y autoridad".

Para ella, esa celebración "de forma absolutamente falsa propaga que (los agentes) son los causantes de una 'represión a los trabajadores' para crear en el imaginario de sus seguidores la maldad de los integrantes de estos cuerpos y conseguir con ello difundir el rechazo de los mismos».

Además, Castro entiende que la finalidad del 'Ospa Eguna', que ya en años anteriores denunció a posteriori, es constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo, de acuerdo con el artículo 578 del Código Penal, y de un delito de odio tipificado en el artículo 510.

Por todo ello, Vox se une a la asociación mayoritaria en el Cuerpo, Jucil, y considera que el acto debe ser suspendido por la Subdelegación del Gobierno de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas.

Desde esta premisa, continúa, las Administraciones Públicas evitarán la realización de actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas.