Así lo indicó Millán en rueda de prensa en el Congreso, donde señaló que Vox registró hoy en el Tribunal Supremo una querella por la comisión “de un delito tipificado como prevaricación en el artículo 404 del Código Penal contra parte de la Mesa del Congreso por la admisión a trámite de la ley de amnistía con conocimiento manifiesto de su inconstitucionalidad”.

En concreto, la querella es contra la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol; el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez de Celís; la vicepresidente segunda, Esther Gil de Reboleño Lastortres; el secretario primero, Gerardo Pisarello, y la secretaria segunda, Isaura Leal Fernández.

Esta querella, comentó Millán, fue acompañada del acta de la reunión de la Mesa del día que se admitió a trámite la ley de amnistía, un documento “muy importante” que Vox consiguió después de pedírselo “por tres veces” al letrado del Congreso, ya que las dos primeras veces se la negó.

Millán leyó textualmente la opinión del PP reflejada en el acta y es que se expresaba “a favor de la solicitud presentada por Vox de inadmitir a trámite la proposición de ley orgánica considerando que la Mesa tiene el deber de paralizar aquellas iniciativas que como esta comportan una alteración del marco constitucional”.

Por ello, pidió a los populares que sea “consecuentes” con sus palabras y “paren” la tramitación de la amnistía en el Senado, porque “lo que es inconstitucional en el Congreso también lo es en el Senado” y si el PP “de verdad cree que estamos ante la tramitación de una ley manifiestamente inconstitucional debe hacer todo lo que esté en su mano para evitarlo”.

QUERELLA

Vox acude ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un delito de prevaricación puesto que los querellados admitieron a trámite esta ley “con conocimiento manifiesto de la inconstitucionalidad de la norma”, que, según el escrito, “no puede ser salvado invocando el informe realizado por el secretario general del Congreso”.

Entre los motivos que esgrime Vox para argumentar la inviabilidad del informe del letrado mayor del Congreso se encuentran los antecedentes parlamentarios. En concreto, en el año 2021 el entonces secretario general, Carlos Gutiérrez, “informó de la manifiesta inconstitucionalidad de una iniciativa similar, sin objeción alguna por la Mesa que inadmitió la iniciativa”.

Los cinco miembros de la Mesa que apoyaron la tramitación de la ley de amnistía, denuncia Vox en la querella presentada, tenían también “conocimiento expreso de la vinculación con los pactos para los votos de una investidura, que provoca un ejercicio anormal de la potestad legislativa”.

Así, Vox ha solicitado al Tribunal Supremo que se tome declaración de los cinco miembros de la Mesa y que se solicite al Parlamento la certificación de los documentos emitidos por el Congreso y aportados a esta querella y la copia íntegra del expediente relativo a la Ley de Amnistía.

En cuanto a las diligencias testificales a practicar, Vox ha solicitado que se cite al presidente del CGPJ, Vicente Guilarte; al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.