En concreto, con esta iniciativa Vox pretende que se modifique la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en relación con “la sustitución del cumplimiento de la pena impuesta a delincuentes extranjeros por su expulsión del territorio nacional y con la pérdida de la nacionalidad española no de origen”.

En el texto, los de Santiago Abascal aseguran que la reforma se fundamenta en la necesidad de “dar una respuesta eficaz a aquellas situaciones en las que individuos de origen extranjero, en lugar de respetar el ordenamiento jurídico y las normas esenciales de convivencia, incurren en la delincuencia”.

El objetivo es “reforzar la reacción de la autoridad del Estado contra la actividad delictiva desarrollada por extranjeros” a través del establecimiento de “un régimen más severo y efectivo de expulsión para quienes, con independencia de la gravedad individual del delito o delitos cometidos, acrediten mediante su conducta la voluntad de quebrantar la legalidad penal española”.

ARTÍCULO 89

Con esta iniciativa, Vox pretende suprimir el apartado cuarto del artículo 89 del Código Penal, que permite evitar la expulsión cuando dicha medida pueda considerarse “desproporcionada por las circunstancias del autor del delito y su arraigo en España”. “No puede aceptarse que la alegación de un determinado grado de arraigo atribuya un privilegio de inmunidad frente a las consecuencias jurídicas derivadas de la conducta delictiva”, añade.

También destaca la “inviabilidad que supone para los españoles sufrir las consecuencias de la delincuencia importada: el Estado no puede trasladar a los españoles el coste social, económico y de seguridad derivado de mantener en nuestro país a quienes, habiendo recibido la oportunidad de prosperar lícitamente, optan por la delincuencia y el quebrantamiento de la ley”.

Así, la iniciativa propone sustituir el cumplimiento de la pena impuesta por la comisión de un delito leve, menos grave o grave, en territorio nacional por la expulsión del sujeto “cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico” y no exista “tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo de la pena en el país de origen del condenado”.

NACIONALIDAD

Además, Vox señala “la incoherencia” de los mecanismos legales que permiten a delincuentes extranjeros “seguir siendo beneficiarios de ayudas, prestaciones y subvenciones públicas aun cuando se aplique la pena de expulsión de España”. ““Carece de toda lógica jurídica, política y social”, asegura.

Asimismo, el texto demanda una colaboración activa del Gobierno con terceros países y el impulso en el seno de la Unión Europea de reformas para “facilitar la expulsión de delincuentes extranjeros para que puedan cumplir las penas en su país de origen”. Además, Vox defiende la “necesidad de proteger la nacionalidad”.

Con este objetivo, Vox explica que “la pena de pérdida de nacionalidad española se impondrá a quienes, no siendo españoles de origen, hubieren adquirido la nacionalidad española y fueren condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito previsto en este Código o en las leyes penales especiales, sin perjuicio de las demás penas previstas para el delito correspondiente”.