Este partido recuerda en esta iniciativa que este artículo, antes de la reforma realizada en 2020, “establecía que las diligencias de instrucción de los procesos penales se debían practicar en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”.

Con esta reforma se fijó el plazo máximo para la investigación judicial en doce meses desde que se incoa la causa. Ahora, expone Vox, “el juez, de oficio o a instancia de parte, habiendo oído a las partes, puede acordar mediante auto motivado las prórrogas que estime conveniente por períodos iguales o inferiores a seis meses, sin necesidad de que el proceso de instrucción sea declarado complejo”.

Debido a la actual reforma, comenta Vox, es “bastante frecuente” que a jueces y fiscales “les venzan los plazos de investigación sin que se soliciten las oportunas prórrogas de la fase de instrucción”. Esta situación conlleva que “el asunto objeto de la fase de instrucción deba archivarse, al no haberse dictado en plazo la correspondiente resolución que permita la acusación”.

Esto, según el partido de Santiago Abascal, “pone fin a las actuaciones respecto de los investigados sin haberse tan siquiera podido comprobar su culpabilidad o su inocencia. Y, si fueran culpables, causa directamente situaciones de impunidad”.

Ante esta situación, Vox propone que el plazo de prórroga actual -que es de seis meses- sea ampliado a un año, de tal forma que la carga de trabajo de los juzgados de instrucción se vea reducida y se evite de esta manera la impunidad de muchos delitos por cuestiones meramente formales.