En concreto, Vox hace alusión a que el pasado 29 de noviembre, durante el debate de la Proposición no de Ley sobre apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027 ‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’, Gómez de Celis retiró la palabra a la diputada Patricia Rueda después de que se dirigiera a Bildu como “filoetarras”.

La Vicesecretaría Nacional Jurídica de Vox, bajo la dirección de Marta Castro, recuerda que los propios integrantes de Bildu han reivindicado en ocasiones anteriores a los presos de la banda terrorista ETA como “sus” presos.

Además, queda reflejado en el escrito y aportado al Alto Tribunal, que el término filoetarra ha sido utilizado en 93 ocasiones, y se había permitido por parte de la Presidencia; y en 62 ocasiones se había empleado el término “filoterroristas”, siempre en relación a los diputados de Bildu.

Vox recuerda que ya en sede parlamentaria solicitó a Celis que se “acuerde cuantas decisiones sean necesarias para asegurar que las actuaciones de tal Presidencia son adoptadas de forma no arbitraria, equitativa y respetando el núcleo de la función representativa de los diputados… garantizándoles el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales que constitucionalmente les corresponde”.

Sin embargo, en el momento de presentar la querella ante el Tribunal Supremo, la Presidencia del Congreso de los Diputados no ha dado ninguna respuesta a esta solicitud. En su escrito, Castro denuncia la “absoluta falta de justificación” de la decisión en términos de la obligatoria neutralidad, de respeto a los principios constitucionales y a la libertad de expresión parlamentaria de Gómez de Celis.

Además, reprueba la utilización de “inapropiadas, por no venir al caso, insostenibles e insoportables comparaciones de Vox, con Bildu”, que bien “podrían ser objeto de un análisis penal separado, siempre que no fuera amparado por la libertad de expresión política, que fue sesgado a la diputada de Vox y a la que impunemente se acogen parlamentarios como el querellado, cuando se trata de insultos, ofensas a la formación”.

Por otro lado, el escrito reivindica que la obligación de la Mesa del Congreso es representar "a todos los ciudadanos por igual”. Así, “cualquier decisión que se adopte debe carecer de arbitrariedad, sesgo ideológico o intereses particulares, pues debe tratar a todos los representantes de los ciudadanos por igual y aplicar el acervo y los principios constitucionales en toda su actuación”.

Así, la formación de Santiago Abascal solicita al Alto Tribunal que interrogue a Gómez de Celis, que unan a las actuaciones los documentos que aporta Vox, y que se libre oficio para determinar la veracidad de los enlaces que aporta la Vicesecretaría Nacional Jurídica.