Según denuncia Vox en el escrito, los hechos que denuncia corresponden a octubre de 2022, la etapa en que Sofía Puente ocupaba el cargo de directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, momento en el que firmó la instrucción que permitió la nacionalización de descendientes de emigrantes españoles, tan solo unos días después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’.

Como recoge el escrito, esta instrucción fue firmada “con el conocimiento de Puente de que era ilegal, lo que conlleva el delito de prevaricación”. Del mismo modo, “se considera la usurpación de funciones por dictar de una disposición de alcance general que innova el ordenamiento jurídico y crea una modalidad de adquisición de la nacionalidad ajena al Código Civil”.