El partido dirigido por Santiago Abascal le atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias y delito electoral y solicita que se le tome declaración como “responsable penal”. Esta querella podrá ampliarse a todos aquellos que hayan podido intervenir de forma “determinante” en la comisión de los delitos denunciados.

Además, Vox quiere también que la Junta Electoral Central modifique sus instrucciones para el voto por correo con el objetivo de “asegurar que las estructuras de fraude en este sentido no sean posibles” y de cuenta de esas instrucciones al Congreso.