En una entrevista en ‘La 2’ recogida por Servimedia, Garriga admitió que hay “muchas leyes” que les dificultan “desarrollar en su plenitud” la idea de “prioridad nacional” que defiende su partido. Pero remarcó que “se pueden impulsar cambios normativos para que haya cosas que sumen más puntos” y garantizar que quienes “viven más tiempo en España estén prioritariamente en la cabeza de la cola” a la hora de demandar ayudas públicas.

Vox asume así la literalidad de los acuerdos suscritos con el PP, que la única exigencia que recogen para el acceso a vivienda pública es el “empadronamiento histórico en Extremadura” de 5 años para el régimen de alquiler y 10 años para la compra, frente a los tres actuales.

A partir de ahí, los gobiernos de PP y Vox valorarán positivamente y sin ser un criterio eliminatorio -también para las prestaciones públicas- “la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”, “la trayectoria de cotización y actividad laboral”, “la existencia de familiares de primer grado residiendo” en la comunidad, “así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

En otras palabras, la “prioridad nacional” no aparece desarrollada como una preferencia explícita por la nacionalidad española, sino como una etiqueta –exigida por Vox y aceptada por el PP– que beneficia a quienes puedan acreditar un arraigo “real, duradero y verificable” con Extremadura, no con España, según se desprende del propio acuerdo.

“No estamos poniendo una prioridad según el pasaporte, hemos hablado del tiempo empadronado en un municipio, si trabaja o no trabaja…”, verbalizó Garriga tras poner de ejemplo el proceso de escolarización. “Se tienen que reunir una serie de requisitos y unas cosas puntúan más que otras: si trabajas cerca del colegio de tu hijo tienes más puntos, si tienes hermanos en el colegio tienes más puntos… Pues eso es lo que nosotros queremos hacer”, añadió.

NO HABRÍA "DISCRIMINACIÓN"

Durante la entrevista, el secretario general de Vox admitió también que “la discriminación” de los ciudadanos es contraria a la Constitución. Por eso, remarcó que “la prioridad nacional” no “es un criterio excluyente”, si no que impulsa políticas públicas para que “los españoles sean los primeros en la cola” frente al “extranjero que acaba de llegar”. En este sentido, argumentó que hay que ordenar los recursos porque “son finitos” y “España no es una ONG”.

Por otro lado, y para disipar dudas, Garriga aseveró que los baremos que se apliquen en la concesión de ayudas públicas cumplirán con la Ley de Extranjería que, al mismo tiempo, los gobiernos de Aragón y Extremadura instarán al Gobierno de Pedro Sánchez para que la reforme.

Preguntado entonces por qué es ser español a efectos de estas medidas, Garriga subrayó que será considerado como tal quien tenga el DNI, en cumplimiento de la legislación vigente, aunque expresó su voluntad a “abrir el debate” sobre la concesión de la nacionalidad cuando gobierne la derecha porque, en su opinión, “se ha regalado” durante los últimos años.

Por último, sobre la inmigración irregular, Garriga también rebajó el tono de los textos pactados con el PP y garantizó que a estas personas no les faltará “absolutamente nada” y les garantizarán “los mínimos” legales, es decir, “un soporte vital” y atención médica”. Pero, del mismo modo, avisó de que van a “trabajar para establecer los marcos de colaboración con sus países de origen para que sean deportados en condiciones”.