La formación que preside Santiago Abascal solicita al TS la adopción de medidas cautelares dirigidas a paralizar la aplicación de la citada decisión sobre una norma que podría conceder la nacionalidad española a más de dos millones de descendentes de españoles y darles el derecho a votar.

Vox ya llevó la ley al Tribunal Constitucional en 2023, pero mientras llega la decisión del tribunal de garantías, esta formación sigue emprendiendo acciones legales que planea extender al Supremo, a la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo acaba de solicitar a la Junta Electoral Central (JEC) que remita documentación sobre la conocida como Ley de Nietos, después de que la organización Iustitia Europa haya pedido que se desestime la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), acordada previamente por el organismo electoral.

Según una diligencia de ordenación, el TS ordena a la JEC que “remita el expediente administrativo correspondiente” en el “improrrogable plazo de veinte días”, en la misma resolución en la que admite a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iustitia Europa.

La Junta Electoral Central ya había rechazado paralizar de forma cautelar el proceso de formación del CERA, aunque decidió pedir a la Oficina del Censo Electoral una instrucción específica sobre la aplicación de la 'ley de nietos', norma que otorga la nacionalidad española a descendientes de exiliados.

El órgano arbitral advirtió de que la fijación del municipio electoral en el que se inscriba cada beneficiario de la Ley de Nietos, incluida en una disposición de la Ley de Memoria Democrática, tendrá que estar “suficientemente motivada si no se corresponde con su último domicilio en España.

En otra diligencia de ordenación, el alto tribunal acuerda la apertura de una pieza separada de medidas cautelares con el fin de analizar la petición de suspensión de las altas CERA formulada en el recurso de Iustitia Europa, a la que ahora se añadirá la de Vox con total probabilidad.

La JEC defiende que la Constitución garantiza igualmente el derecho de sufragio de quienes viven en el extranjero y subraya que la administración electoral “no puede sustituir el criterio del legislador”, que estableció en una ley “las condiciones y el procedimiento” para el ejercicio de este derecho por parte de las personas emigradas.