Así, fuentes de Vox apuntaron que este partido recurrirá ante los tribunales la resolución de la JEC del pasado 16 de julio, asegurando que este órgano si tiene competencias para “poner fin al fraude o a la ilegalidad en el censo derivados del fraude e ilegalidad en las nacionalizaciones”.

En concreto, los de Santiago Abascal llevan tiempo pidiendo que se suspenda el voto por correo en el extranjero hasta que “no se configure un sistema que permita asegurar el voto”, ya que, actualmente, es un sistema “totalmente opaco”. La JEC, por el momento, ha rechazado esta petición.

En concreto, la JEC incide en que la Constitución también garantiza el derecho a voto de los electores que residen en el extranjero, y en que la administración electoral “no puede sustituir el criterio del legislador”, que fijó por ley “las condiciones y el procedimiento” para el ejercicio de este derecho por parte de emigrados.

‘LEY DE NIETOS’

“No es posible acceder a este tipo de solicitudes. La administración electoral debe aplicar todos los procedimientos dispuestos en la administración mientras sigan vigentes”, sentencia la JEC, aclarando que “excede de sus competencias” pronunciarse sobre el procedimiento de obtención de la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’.

En ella, cuatro de los 13 vocales pidieron o a sus compañeros “impedir que se amplíe el censo contra la ley” como, a su juicio, sucede en estos momentos por culpa de una instrucción del Ministerio de Justicia que indica a los consulados cómo interpretar la ‘ley de nietos’ para dar la nacionalidad española. En este sentido, han remarcado que la “inacción” de la máxima Administración electoral va “a derivar en efectos irreversibles”.

Sin embargo, cuatro de los 13 vocales de la JEC emitieron un voto particular en el que manifestaron que se está produciendo un “incremento formidable” e “irreversible del censo por la ampliación de la ‘ley de nietos’ y que este órgano no puede permanecer “inactivo” ante esta situación.

NEORIS Y PALCO

En relación con este tema, las citadas fuentes comentaron que esta resolución de la JEC es un “avance”, ya que reconoce que, en términos no jurídicos, el proceso de nacionalizaciones a través de la ‘ley de nietos’ es una “cacicada”, dictamina que el proceso es “opaco, que hay una falta de transparencia” en el mismo.

Vox quiere anular la instrucción del 25 de octubre del 2022, dictada dentro de la Ley de Memoria Democrática, que amplía la obtención de la nacionalidad más allá de los hijos y nietos de los exiliados, así como la del 5 de noviembre del 2024, con la que “podrá pedir la nacionalidad cualquier persona que haya pedido cita previa con anterioridad a la finalización del plazo”.

Al mismo tiempo, sobre los contratos de internacionalización del Gobierno con las empresas Neoris y el grupo estatal cubano Palco, los de Santiago Abascal han pedido hoy mismo directamente al órgano de contratación, uno de ellos Justicia y el otro Exteriores, que los revise y los anule, como paso previo a acudir a los tribunales.