Según denuncian desde la formación, el proyecto legislativo “no está pensado para gestionar mejor los recursos públicos”, sino para “proteger intereses políticos concretos, blindar escándalos pasados y hacerse con el control de los mecanismos de control y fiscalización del Gobierno”.

Una de las preocupaciones principales de Vox se concentra en el cambio en la forma jurídica del Canal de Isabel II. El partido que lidera Isabel Pérez Moñino señala que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso pretende transformar esta entidad pública en una empresa “sometida al derecho privado”. Esto, a su juicio, supondría una gestión sin control parlamentario. En este sentido, alertan de que la medida permitiría al Gobierno madrileño esquivar las responsabilidades judiciales derivadas del 'Caso Lezo'.

Vox considera que esta ley busca “eludir cualquier implicación del Gobierno de Ayuso en el 'Caso Begoña Gómez'” mediante una supuesta despolitización del sistema universitario que, en realidad, supondría la eliminación de controles y mecanismos de supervisión. “En vez de apostar por la calidad, el mérito o la transparencia, el Gobierno se desentiende de sus obligaciones políticas”, denuncian.

Además, Vox advierte sobre el riesgo de que la nueva Ley de Hacienda otorgue al Ejecutivo madrileño un control total sobre la Cámara de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos. Para el Grupo Parlamentario Vox, esta medida debilita la separación de poderes: “Si legislan como Sánchez, gobiernan como Sánchez. Silencian al Parlamento, someten a los órganos de control, legislan desde el abuso de poder y de espaldas a los madrileños”.

Por eso, las enmiendas de Vox van en una dirección concreta: “Blindar la independencia de la Cámara de Cuentas, impedir el cambio de personalidad jurídica del Canal de Isabel II y preservar su naturaleza pública, recuperar la transparencia en la gestión universitaria, bajar impuestos, reducir gasto político y garantizar que cada euro público se invierta en mejorar los servicios públicos de los madrileños".

Para Vox, esta ley es una prueba más de que “el modelo autonómico está agotado”: “Es un instrumento de impunidad política y despilfarro. Madrid no puede caer en las mismas prácticas de Pedro Sánchez”. E insisten: "Lo que los madrileños se preguntan es cuándo los políticos van a bajarles los impuestos”.