Hoy mismo, la Ponencia de la Comisión de Reglamento del Congreso aprobó el informe sobre la reforma que rebaja las exigencias para constituir grupo parlamentario, una iniciativa impulsada por Sumar, ERC, Junts y Podemos, cuyo efecto práctico es permitir que “los socios del Gobierno conserven su condición de grupo, incluso si sufren el desplome que anticipan las encuestas”.

Para Vox, el “punto más grave”, tal como denunció el diputado Carlos Flores, es “la censura ejercida por la Mesa de la Comisión, presidida por Francina Armengol y con mayoría socialista, que ha inadmitido a trámite 15 de las 18 enmiendas” de este partido, “impidiendo con ello tanto su debate como su votación”.

Entre las vetadas figura una enmienda dirigida a “evitar que un hipotético suplicatorio para procesar al presidente del Gobierno pudiera decaer por el simple transcurso del plazo de dos meses, sin debate ni voto expreso en el Pleno, y que preveía sanciones para los miembros de la Mesa que obstaculizaran su tramitación”. Así, Vox reprocha que “se haya impedido siquiera debatir esta cuestión".

DUDAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD

Además, denuncia “la falta de imparcialidad del letrado mayor de la Cámara, convertido en aliado del separatismo”. A este respecto, el partido señala que la redacción original del texto “reservaba el grupo a los partidos con al menos cinco escaños y el 10 % de los votos del conjunto de circunscripciones en las que hubieran presentado candidatura”.

Sin embargo, critica que “el letrado mayor ha avalado una nueva interpretación del texto de forma que ese porcentaje solo recae sobre las circunscripciones “en las que hubieran obtenido representación”, un cambio que “facilita todavía más la formación de grupos”.

Ante el rechazo del diputado de Vox a aceptar como mera “interpretación” lo que en realidad “era una redacción distinta, la mayoría del PSOE y sus aliados ha optado por aprobar una enmienda ‘in voce’ de Junts y ERC en ese mismo sentido, presentada sin aviso y fuera del plazo reglamentario”.

Ante esta situación, los de Santiago Abascal aseguran que mantendrán sus enmiendas en Comisión y en el Pleno y se reservan “el derecho a emprender acciones legales contra lo que califican como un nuevo abuso de la mayoría”.