El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, firmó una nueva pregunta escrita en la que reclama un pronunciamiento expreso sobre estos asuntos y rebate los argumentos utilizados por la Comisión para descartar la comparación con el programa maltés de concesión de nacionalidad.

Según Vox, el comisario Michael McGrath recordó en su respuesta que corresponde a los Estados “establecer los requisitos para adquirir la nacionalidad, respetando el Derecho de la Unión” y sostuvo que “las disposiciones españolas consultadas no parecen comparables con el caso de Malta, porque no aprecia un procedimiento de concesión de nacionalidad a cambio de inversiones o pagos”.

Sin embargo, Vox critica que la contestación no incluyó “una valoración específica sobre los riesgos de conceder la nacionalidad sin exigir antecedentes penales ni sobre la intervención de empresas públicas cubanas”. Por ello, el partido considera “insuficiente” esta respuesta y exige que la Comisión “se pronuncie sobre las cuestiones planteadas”.

COMPETENCIAS Y SEGURIDAD

El partido reafirma que la concesión de la nacionalidad es “una competencia nacional y que corresponde al Gobierno de España responder por su actuación”. Al mismo tiempo, reclama que la Comisión examine, dentro de sus competencias, “las implicaciones que el proceso puede tener para el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia”.

En relación con Malta, la repregunta sostiene que la sentencia del Tribunal de Justicia también debe examinarse “atendiendo a la relación de solidaridad y lealtad entre un Estado y sus nacionales”. Buxadé vuelve a preguntar por “la compatibilidad de las concesiones cuestionadas con el vínculo que Vox considera exigible, y rechaza que el análisis se limite a la existencia de una contraprestación económica”.

Para acabar, Vox denuncia “la pasividad del Ejecutivo comunitario y exige respuestas sobre las garantías del procedimiento”. “Bruselas tiene una facilidad asombrosa para meter la mano en la actividad de la industria, el campo, las empresas de España, pero se mantiene ciega y pasiva ante la corrupción y los desmanes, como la ley de nietos, del Gobierno de Sánchez”, añade.