WWF advirtió de que los delitos ambientales constituyen ya la tercera actividad delictiva más lucrativa del mundo, generan un “enorme” coste social y, en el caso de los delitos contra la vida silvestre, empujan a numerosas especies al borde de la extinción y agravan la pérdida de biodiversidad, la segunda mayor amenaza global tras la destrucción de hábitats.

España ocupa una posición destacada en el contexto europeo en la lucha contra los delitos ambientales. Cuenta con una trayectoria consolidada en la detección de determinadas tipologías delictivas, especialmente en la lucha contra el envenenamiento ilegal de fauna silvestre.

Además, dispone de cuerpos especializados para la aplicación de la ley, como el Seprona y los agentes ambientales, así como de una Fiscalía de Medio Ambiente.

No obstante, el alcance y la magnitud de estos delitos siguen siendo “significativos” y continúan comprometiendo la biodiversidad, según WWF.

En España, los delitos contra la vida silvestre suelen percibirse como infracciones menores, lo que influye en la asignación de recursos y personal especializado para su investigación y persecución.

A ello se suma la diversidad de normativas ambientales entre comunidades autónomas y la ausencia de una base de datos centralizada que integre toda la información disponible, lo que provoca que los datos sobre delitos contra la fauna estén dispersos.

La falta de especialización también afecta en algunos casos a las autoridades competentes, particularmente en el ámbito judicial, dado que en España no existen juzgados especializados en materia ambiental.

OPORTUNIDAD

La nueva Directiva europea, aprobada en 2024, representa una oportunidad para reforzar el marco jurídico español y mejorar la eficacia en la lucha contra los delitos que afectan al medio ambiente en general y a las especies protegidas en particular.

“Su correcta transposición permitiría aprovechar las fortalezas existentes y garantizar que los delitos medioambientales, especialmente los relacionados con la vida silvestre, no queden impunes”, apuntó WWF.

Los Estados miembro de la UE deben incorporar esta Directiva a su legislación nacional antes del 21 de mayo de 2026. El incumplimiento podría dar lugar a procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea.

En este contexto, WWF presentó este martes un documento con recomendaciones para asegurar una adecuada transposición de la Directiva Penal Ambiental en España, que trasladará a los ministerios competentes.

Además de los cambios legislativos, la Directiva establece la obligación de aprobar una Estrategia nacional de lucha contra los delitos medioambientales que deberá definir objetivos, prioridades, medidas y recursos necesarios para abordar de forma integral una problemática compleja que afecta de manera directa a la biodiversidad en España.

“DEBILIDAD HISTÓRICA”

Asimismo, WWF consideró imprescindible que la UE y sus Estados miembro refuercen la lucha contra los delitos ambientales, ya que estos no solo agravan la crisis ecológica, sino que también alimentan riesgos económicos y sociales mucho más amplios.

Sin embargo, un análisis reciente ha identificado importantes lagunas en la legislación de 10 países comunitarios, entre ellos España.

“La adopción de normas más sólidas es solo el primer paso. La experiencia demuestra que la debilidad histórica en la aplicación y el control ha limitado la eficacia del derecho ambiental en la UE”, según WWF.